Hay más de 1,700 menores recluidos por robo, violación y homicidio [INFORME]

Era el ‘arma secreta’ de una banda de sicarios. Siempre estaba dispuesto a hacer un ‘trabajito’ a cambio de mil soles. Lo llaman ‘Cuchillo’. Tiene 17 años y el lunes fue detenido por la Policía cuando empuñaba una pistola, abastecida con diez balas. Estaba en una calle de Ventanilla, esperando a su próxima víctima.

‘Cuchillo’, a quien le decomisaron droga al momento de su captura, es ampliamente conocido por las autoridades. Se le acusa de haber asesinado, el 13 de diciembre de 2017, a Alfredo Atencia Huamán. De ser hallado responsable de esta infracción a la ley penal, podría recibir, como máximo, diez años. Todo por ser menor de edad.

Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, reveló que en lo que va del año se han intervenido 20 bandas que arrebatan celulares. Varios de los miembros de estas organizaciones no llegaban a los 18 años.

El incremento de la participación de adolescentes –y hasta niños– en hechos violentos constituye uno de los problemas más graves que aquejan al país. Y ha sido más visible con las capturas realizadas las últimas semanas.

La mayoría de infractores que se encuentran recluidos es por estar involucrados en robo agravado, violación sexual, hurto y homicidios. Son 1,752 internos por estas faltas, de un total de 2,099 reclusos a nivel nacional, manifestó a Perú21 Julio Magán, gerente de Centros Juveniles de Rehabilitación del Poder Judicial.

Explicó que, a diferencia de los adultos, los adolescentes no cometen delitos sino infracciones a la ley penal. Por ello, la sanción que les impone un juez se denomina medida socioeducativa, la que se puede cumplir en régimen abierto –acude al Servicios de Orientación de Adolescentes (SOA) con sus padres– o en régimen cerrado –internamiento en un Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR)–.

Magán dio a conocer que de los 3,941 infractores, 2,099 se encuentran internados en los nueve CJDR que hay en el país, entre ellos Maranguita, en Lima, y ex Floresta, en Trujillo, dos de los más peligrosos y en los que continuamente se producen actos de violencia. El resto –1,842– es atendido en 25 SOA (ver recuadro).

La infracción más común es la de robo agravado, con un total de 1,584 menores involucrados. De ellos, 945 se encuentran internos. Le sigue hurto (661 casos y 203 internos), violación sexual (639 casos y 218 internos) y homicidio (204 casos y 183 internos). En este último caso se encuentran los que integran bandas de sicarios.

Julio Magán señaló que los centros juveniles están sobrepoblados y la mayoría han sido declarados inhabitables, como son los centros ex Floresta, de Trujillo, y José Quiñones González, de Chiclayo. “No cuentan con una infraestructura que responda a las necesidades de los menores y para poder hacer un política de contención. Además, no son adecuados para dar un mejor tratamiento y así lograr la reinserción social de los jóvenes. No hay presupuesto”, reconoció.

En medio de este panorama, Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, presentó, hace unos días, un proyecto de ley que plantea el incremento de la pena de internamiento, de seis a 15 años, a los adolescentes de 16 y de menos de 18 años que cometan homicidio calificado, secuestro, violación sexual y sicariato.

“Cada vez hay un mayor número de jóvenes infractores a los que, por su condición de menores, se les aplica sanciones benevolentes, sin embargo, existen casos críticos en los que se requiere de una intervención más severa y proporcional por parte del Estado”, sostuvo la legisladora.

Al respecto, el abogado penalista Roberto Miranda dijo que “hay una tendencia para rebajar de 18 a 16 años la edad de la impunidad. Perú ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente y todavía tenemos de tratarlos como tal. No se le puede dar el tratamiento de una responsabilidad penal plena sino semiplena. Seis años, 10 años y ahora quieren darle 15 años”.

Se preguntó si esos 15 años serán suficientes para resocializar a los menores.

Este proyecto no resuelve el problema. El Estado tiene que invertir en prevención y atención a los niños y niñas; tiene que trabajar con las familias y en la escuela; debe tener programas alternativos para fortalecer las capacidades de los niños, ocupar de mejor manera su tiempo libre y dar respuestas a estos problemas que no se resuelven metiendo adolescentes a las cárceles. Se tendría que empezar por reforzar los albergues como Maranguita que, al igual que otros, tiene deficiencias. Esos centros, lejos de resocializar, forman delincuentes. Otra cosa: un niño no se convierte en sicario de la noche a la mañana. Un niño que se convierte en sicario tiene antecedentes de haber sufrido otras situaciones de violencia. En Perú, las estadísticas indican que el 80% de familias castiga físicamente y humilla a sus hijos. Quiere decir que el 80% de hogares peruanos vive en situaciones de violencia. Entonces, él va a empezar a mirar la violencia como algo normal.

* El adolescente G. J. B. C. (14) fue detenido ayer en Independencia, con una pistola. Tras registrar su casa, se halló el revólver robado al suboficial PNP (r) Bernardo Romero Juárez, fallecido el 23 de febrero durante un atraco.

* Fuentes policiales señalaron a Perú21 que el menor aceptó su participación en el asalto y homicidio de Romero Juárez. Sin embargo, dijeron que este negó ser el autor del disparo que mató al ex agente.