Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: Malas decisiones y crisis del primer gobierno de Alan García

Un joven Alan García, cuya oratoria era inigualable, logró tener un buen recibimiento, lleno de aplausos, en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de 1984, meses antes de las elecciones que lo llevaron a la presidencia en 1985 con un alto respaldo de la ciudadanía a pesar de que su plan de gobierno, conocido como Plan Perú, trabajado por la comisión que lideraba otro líder aprista, Luis Alva Castro, no había sido publicado.

Pese al apoyo empresarial y su discurso conciliador durante la campaña, García, dos meses después de asumir la presidencia, dio un discurso criticando el modelo económico de libre mercado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mal desempeño de la economía durante este gobierno aprista contribuyó a un significativo retroceso del PBI per cápita. Entre 1976 y 2006, el PBI per cápita creció 0%, es decir, fueron tres décadas perdidas.

Los economistas Luis Gonzalo Llosa y Ugo Panizza explican que estas tres décadas perdidas fueron producto de varios sucesos, uno tras otro, que tuvieron un impacto negativo y amplificador. Estas medidas fueron el rechazo al pago de la deuda externa, las políticas intervencionistas y la vulneración de contratos con privados, como sucedió en el caso del sector petrolero con la norteamericana Belco Petroleum al cancelarle los permisos de exploración en 1985.

Limitar el pago de la deuda externa generó que García obtuviera gran popularidad en el país, así como en la región, apenas iniciado su mandato. Su propuesta consistía en reducir el pago de la deuda externa del 60% del valor de las exportaciones (que era lo que se destinaba a cumplir con esta obligación) a un 10% para no afectar los pocos ingresos que obtenía el país. Los mandatarios de Argentina, Bolivia, Colombia y Uruguay manifestaron su respaldo. En setiembre de 1985, ante la Asamblea General de la ONU, un fortalecido García expresó sus intenciones.

Debido a que el Perú se rehusó reiteradamente a pagar la deuda externa, en 1986 el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró al país como inelegible para acceder a nuevos créditos. García descartó que ello fuera un problema para el Perú. Luis Alva Castro, entonces ministro de Economía y Finanzas (MEF), afirmó que el país podría acceder a créditos de otras entidades multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No obstante, ese fue el inicio de los problemas de financiamiento para el país, pues muchas de las medidas del gobierno aprista (que incluían subsidios) requerían de una cantidad de recursos que no se tenían a nivel fiscal.

Pese a aquel contexto, García continuó con discursos contra el sistema mundial y lo calificó como un “apartheid financiero”. Meses después, en octubre, cuando ya se comenzaban a sentir los efectos de las políticas intervencionistas, Alva Castro, ya como presidente del Consejo de Ministros, anunció en un encuentro del FMI y el Banco Mundial, que el Perú reduciría incluso más los pagos de deuda a partir del año siguiente.

Otra de las medidas que dispuso García fue el incremento de los salarios, que fue de hasta 18% en el primer año. Esto fue bien recibido por la población, pues fue de la mano con la creación del programa ocupacional de emergencia PROEM por dos años, el cual permitía al sector público y privado contratar personal a plazo fijo. De esta forma los empleadores podían evitar verse afectados por la recientemente aprobada ley de estabilidad laboral. Durante los dos primeros años, el Perú volvió a la senda del crecimiento económico. Retornó la exportación y la inflación se redujo significativamente. Parecía que el plan de Alan García estaba dando resultados. En temas de PBI, PBI per cápita, exportaciones y producción industrial, el crecimiento fue notable. Las industrias que más crecieron fueron las que estuvieron dormidas durante la época de Velasco: la industria metalmecánica, la química y las de textiles, alimentos y bebidas.

A esto se sumó que la inflación mensual se redujo de 12.5% en abril de 1985 a tan solo 3.5% en setiembre de ese mismo año, pero no hay que perder de vista el indicador anual: 158.3%. Luego, en setiembre de 1986, tras el avance de la inflación, se anunció un nuevo aumento salarial mediante subsidios y se afirmó que este sería superior al avance de la inflación. Si bien esa y otras medidas implicaban un gasto que el Perú ya no podía darse el lujo de abordar por las dificultades para acceder al financiamiento extranjero, García aseguró que las reservas del país podían soportar sus políticas por tres años más.

De esta forma, la falta de recursos y el reducido nivel de la inversión pública no contribuyeron a dar continuidad a las subvenciones dispuestas ni a la generación de empleos. Fue así como los efectos artificiales de las políticas de García fueron apagándose y dando lugar a un escenario tan real como preocupante: la crisis y la hiperinflación.

Otro de los factores que contribuyó a este resultado fue el inti, la divisa peruana que fue creada en enero de 1985 y puesta en circulación en mayo de ese año. Su aparición tuvo como objetivo hacer frente a la inflación y por ello cada inti, que estaba compuesto por 100 céntimos, era equivalente a mil soles de oro. Si bien el inti mantuvo su valor durante el primer año del gobierno de García y una cotización de 13 intis por dólar, después comenzó a devaluarse debido a la ascendente inflación que, entre otros factores, fue producto de la emisión desmedida que efectuó el BCR a pedido del Gobierno.

El resultado fue la aparición de los billetes de 500 intis en 1986 y mil intis en 1988. Además, para agosto de 1988, el tipo de cambio oficial o dólar del Mercado Único de Cambio (dólar MUC) era de 33 intis, pero en la calle se cotizaba en 230 intis. Luego, en enero de 1989 el dólar paralelo (en la calle) promediaba los 1,930 intis, mientras que en diciembre llegó a un promedio de 14,103 intis. Por ello es que ese año se introdujeron los billetes de 10 mil intis y en 1990, los de 500 mil intis, pues el 27 de julio de ese año, casi antes de que se fuera García, el tipo de cambio alcanzó los 175 mil intis.

Es sabido que García tuvo el apoyo del sector empresarial para llegar al poder, incluyendo el de una parte del sistema financiero. Él había prometido que no iba a estatizar la banca, sin embargo, en 1987, sorprendió a todos con el anuncio de la estatización de los bancos. La decisión de García tuvo como origen un programa gubernamental que exigía al sector privado reinvertir las utilidades para así estimular el consumo y con ello, el empleo. No obstante, buena parte del sector empresarial no acató tal medida y García respondió con algo que le permitiera al Estado controlar capitales y usarlos con los fines ya mencionados. Fue así como el 28 de julio de 1987 propuso ante el Congreso un proyecto para estatizar la banca.

La propuesta fue vitoreada por los legisladores apristas en el Parlamento, pero despertó el rechazo del sector empresarial, de los partidos de derecha e incluso motivó el surgimiento de nuevos liderazgos políticos de oposición y movimientos como el del escritor Mario Vargas Llosa que criticó el atropello al principio de la propiedad privada. El anuncio se materializó el 29 de julio con un decreto supremo en el que se dispuso la intervención de 10 bancos, seis financieras y 17 empresas de seguros. Y esto a su vez ocasionó que muchos ahorristas acudieran a los bancos para retirar su dinero.

El Gobierno intervino algunos establecimientos de la banca por la fuerza, dejando impactantes imágenes como la de una tanqueta ingresando a la sede del Banco de Crédito del Perú (BCP) en el centro de Lima. Hubo despliegues policiales en diversas calles de la ciudad para rodear y tomar las sedes de entidades financieras como el Banco Wiese o el Banco Latino, entre otras. La Policía dispersó con violencia a la prensa para poder ingresar a los establecimientos del sector financiero.

A pesar de los intentos de García por lograr la estatización, esta quedó trunca tras ser revisada por el Senado (recuerde que entonces el Congreso tenía dos cámaras), lo que evitó que la medida se concretara al hacer modificaciones que permitieron que las compañías involucradas transfirieran parte de las acciones a sus trabajadores para evitar la intervención aprista.

El 6 de septiembre de 1988, cuatro días después de asumir su cargo, el ministro de Economía, Abel Salinas, anunció un paquetazo de medidas económicas ortodoxas para frenar la inflación. Las acciones incluyeron la reducción del gasto público, el descongelamiento de precios, excepto por 40 productos básicos, y la devaluación del inti para poner el tipo de cambio oficial en sintonía con el mercado paralelo o informal.

El anuncio tuvo tal impacto en la población que generó el rechazo de parte de los servidores públicos y despertó marchas y movilizaciones en contra, pues subieron precios de productos como la gasolina, pero pese a ello, las acciones no detuvieron el alza de los precios ni frenaron la depreciación del inti ante el dólar.

A finales de agosto de 1988, el dólar costaba entre 200 y 300 intis, y, pese al paquetazo, llegó a cerca de 2,100 intis en diciembre. Casi un mes antes, el 28 de noviembre de 1988, Salinas salía del MEF.

Para finales de 1987, la inflación mantenía su curva ascendente y superó el 100%, mientras que los ingresos del Estado se encontraban disminuidos, pues la balanza de pagos tenía un déficit que hoy sería aproximadamente US$1,206 millones. El Banco Central de Reserva se encontró ante un panorama donde la inflación avanzaba a un ritmo galopante y donde su capacidad para reducir la volatilidad del tipo de cambio era mínima, debido al agotamiento de las reservas internacionales. Además, se dedicó a financiar al mismo Gobierno de Alan García pues entonces la excepción prevista en la Constitución de 1979 se volvió una regla.

Parte de la situación que atravesaba el BCR tuvo que ver con los subsidios y la forma en que los cubría el gobierno aprista, es decir, con recursos de la entidad monetaria. Una muestra fue el Banco Agrario (Agrobanco) que funcionó como ventanilla del BCR al entregar subsidios a los agricultores. El mismo García señaló que “cada año se dieron 160 mil créditos sin intereses a los productores de papa, trigo y maíz en el ande, donde antes de mi gobierno sólo se daban 33,000 créditos. Además, entregamos directamente fondos a 4,000 comunidades campesinas en los Rimanacuy”.

El BCR se vio obligado a destinar más fondos a la actividad agrícola y a reducir el crédito interno a los demás sectores económicos. La campaña de 1986-1987 absorbió gran parte de la emisión de préstamos en millones de intis. En 1986 le otorgaron al sistema financiero y al sector público 15.71 millones, mientras que al Banco Agrario se destinaron 6.69 millones de intis, según las memorias del Banco Central de Reserva. Durante el segundo semestre de 1986 y el primer semestre del 87, el crédito a la agricultura fue el componente más dinámico de la expansión monetaria y uno de los factores que generaron la infame hiperinflación de los 80.

Actualmente, el artículo 84° de la Constitución Política prohíbe expresamente que el BCRP conceda financiamiento al Gobierno para evitar que se repitan situaciones como la que el Perú sufrió en ese quinquenio.

Las acciones violentas del terrorismo se manifestaron a comienzos de los 80, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde y con las acciones de Sendero Luminoso (SL) que encabezó Abimael Guzmán. No obstante, fue a partir de 1983 que SL se volvió más agresivo y en 1984 se sumaron los ataques del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) dirigido por Víctor Polay Campos.

En 1985, cuando acababa el gobierno de Belaunde y asumía Alan García Pérez, se cometieron 2,605 atentados terroristas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El 70% se produjo en Lima y Ayacucho. Sendero volaba torres de alta tensión y nos sumía en el miedo y la oscuridad.

Cuando García fue elegido en 1985, hubo un ligero retroceso en el accionar terrorista pues, al parecer, querían ver cómo se comportaba el Gobierno, pero esto no duró mucho. En 1986 SL puso en su mira criminal a personalidades o autoridades de todo tipo.

Los senderistas que estaban en las cárceles se autodenominaban presos políticos. En junio de 1986, cuando Alan García estaba cerca de cumplir un año en la Presidencia, se iba a celebrar en Lima el 17° congreso de la Internacional Socialista. Era el primero en América Latina y el entonces presidente estaba muy entusiasmado pues llegarían personalidades de distintos países. Sin embargo, a poco de su inauguración, el 18 de junio, a las seis de la mañana se reportaron amotinamientos en las cárceles San Juan de Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres de Santa Bárbara.

Los amotinados demandaban eliminar las requisas y revisiones, así como el cierre del penal de Canto Grande, García declaró los penales como zonas militares restringidas. En el penal de la isla El Frontón se produjo una intervención con participación de la Marina de Guerra. La acción terminó con la muerte de casi 300 terroristas y fue materia de posteriores investigaciones.

Sendero y el MRTA también introdujeron el temor y su prédica en universidades, como San Marcos y La Cantuta. Había pintas en las aulas y en los pabellones, los terroristas irrumpían en las clases para lanzar sus proclamas, pero nadie se atrevía a alzar una voz crítica ante ello. Autoridades académicas y profesores preferían evitar confrontaciones con militantes o allegados de SL.

El modus operandi del MRTA consistía en cometer secuestros. La Comisión de la Verdad obtuvo evidencias de que cometió decenas de secuestros individuales y colectivos para obtener dinero, por lo que sus objetivos eran usualmente empresarios de grandes negocios.

En 1989 el MRTA secuestró al empresario radial Héctor Delgado Parker (RPP) e implantó las llamadas ‘cárceles del pueblo’, socavones en casas donde sometía a sus víctimas a interrogatorios y torturas hasta que llegaba el dinero del rescate. Esta modalidad fue obra del terrorista Peter Cárdenas, liberado en 2015. También fue responsable del asesinato del empresario David Ballón Vera, quien, después de cinco meses, fue encontrado con 40 kilos menos y huellas de tortura, en 1992.

Pese a la intensidad con que actuaba el MRTA, Víctor Polay Campos mesuró los ataques porque era hijo de militantes apristas y antiguo amigo de García. Varios indicios llevaron a pensar que se facilitó su fuga y la de otros 47 subversivos del penal Castro Castro a través de un túnel, el 9 de julio de 1990, a pocas semanas del cambio de gobierno.