Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: Los grandes golpes de la corrupción, un caro flagelo

La corrupción es uno de los dos factores que generan sobrecostos importantes en las obras públicas en los tres niveles de gobierno, central, regional y municipal. Junto con la ineficiencia, tienen un impacto que se ve reflejado principalmente en los bajos niveles de acceso a servicios básicos como electricidad, agua y saneamiento, según análisis que han efectuado CIES y Macroconsult.

Solo en 2019, antes de la pandemia, los actos de corrupción le costaron al Perú S/23,297 millones, según estimaciones de la Contraloría General de la República. Del total, S/13,670.7 millones correspondieron al gobierno nacional, mientras que S/9626.3 a los gobiernos subnacionales.

Además, el monto representó el 3% del PBI de ese año, un punto más que la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a que el pago de sobornos en el mundo es equivalente al 2% del PBI global.

En cuanto a los cálculos que hace la Contraloría, esta explica que la estimación contempla el perjuicio económico, entendido como daño patrimonial estatal (pérdida de recursos). Sin embargo, aclara “que no hay un concepto aceptado sobre perjuicio económico en la literatura sobre control gubernamental”.

Un dato importante, además, es que la entidad da cuenta de que la mayor pérdida de recursos a nivel sectorial suele observarse en el sector transportes y comunicaciones, aquel donde “se concentran los principales proyectos de infraestructura a nivel nacional”. En nombre de ese flagelo, tenemos que todos nuestros últimos presidentes enfrentan acusaciones, procesos por corrupción y hasta cumplen sentencias.

La corrupción existe desde que el hombre vive en sociedad y, al analizarse los acontecimientos que se observan en el país, no podemos dejar de ver que no estamos frente a un fenómeno peruano, latinoamericano o meramente contemporáneo. “Es un fenómeno humano extendido”, sostiene Carlos Basombrío, sociólogo y exministro del Interior. Sin embargo, advierte que en algunos países o sociedades puede representar un mayor problema que en otros, según la capacidad de sanción y el tipo de normas que se impongan.

Si bien hablar de cómo ha evolucionado la corrupción a través de la historia republicana del Perú es un tema complejo y extenso, el exministro e investigador opina que puede tomarse como un punto de partida la rebeldía de los criollos hacia los españoles. “Se empezó a ejecutar un principio que es que ‘la ley se acata, pero no se cumple’. Una forma de rebelarse contra la opresión colonial. Otro punto referencial es una expresión muy nacional que es ‘para mis amigos todo, para mis enemigos la ley’. Hay más lealtad hacia lo que nos es cercano que a la ley misma”, refiere Basombrío, aunque otras fuentes estiman que el problema viene inclusive de antes. Del virreinato, el periodo del virrey Manuel Amat (1761-1776) habría sido el de mayores irregularidades en ese sentido.

El vicepresidente de Proética, Rafael Fernández-Stoll, quien también es empresario, señala que “la gente critica mucho la corrupción, pero, en la vida diaria, hay una cultura de sacarle la vuelta a la norma, a la ley, al contrato social. Esto parte del problema de la educación en valores. Se ve en la política con el enredo burocrático. Hay mucha falta de transparencia y mucho poder para los funcionarios”.

En ese sentido, opina que si bien esto no solo sucede en el Perú sino que es un tema mundial, un factor importante en la sociedad peruana es la informalidad. “Los políticos hablan de corrupción y usan la lucha contra esta como bandera, pero continúa. Sirve como una pantalla, como discurso moral, pero, a nivel institucional, vemos lo que pasa diariamente en el Perú. Tenemos que hacer muchos trámites. Tenemos que devolverle al ciudadano el poder y quitárselo a la burocracia, cada sello y traba es un incentivo a la corrupción”, agrega Fernández-Stoll.

Precisamente, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte en un estudio que un elemento que contribuye a la corrupción en el Perú es la lenta burocracia estatal. Un ejemplo de ello, indica, puede observarse en cómo los extensos procesos administrativos para la formación de nuevas empresas en el Perú contribuyen a que quienes quieren crearlas opten por la informalidad o a que se genere corrupción de funcionarios con el objetivo de evitar desperdiciar tiempo. A su vez, la corrupción, junto a otros factores como la ineficiencia de las instituciones estatales y de la administración de justicia, constituye un problema que limita la atracción de inversiones.

En el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2020 que elabora Transparencia Internacional a nivel mundial, el Perú tiene un puntaje de 38 de 100 y ocupa el puesto 94 de 180 países. Este estudio mide los niveles de percepción de la corrupción en el sector público. Este resultado para el país supuso una mejora de dos puntos y de cuatro puestos respecto al año previo.

Durante el gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) las acusaciones apuntaban a la sobrevaloración en la construcción de penales por el consorcio español Guvarte, caso que involucró al ministro de Justicia de la época, Enrique Elías Laroza. El contrato fue observado por la Contraloría. Hubo incumplimientos, pero el ministro aprobó los pagos pese a las faltas. Una investigación parlamentaria concluyó que había indicios de colusión, peculado y corrupción de funcionarios. Además, se comprobó que hubo una sobrevaloración de unos 30 mil millones de soles de oro de la época y una deuda de 8 millones de dólares. Por estos hechos, el ministro, que era del PPC, fue denunciado constitucionalmente ante el Legislativo, pero la acusación final no prosperó. En 1985, Elías fue electo diputado con lo que tuvo inmunidad.

Alberto Fujimori gobernó entre los años 1990 y 2000. En diciembre de 1999, se presentó a su tercera contienda electoral consecutiva, la cual ganó en segunda vuelta con Alejandro Toledo, en medio de denuncias por fraude. En un hecho determinante para el fin de su gobierno, la difusión de los ‘vladivideos’ desde el 14 de septiembre del año 2000 generó revuelo. El mismo asesor presidencial Vladimiro Montesinos había ordenado estas grabaciones que registraban cada entrega de dinero efectuada a algún personaje. Fujimori viajó el 13 de noviembre a la Cumbre de APEC, en Brunéi, y estando allá, cuatro días después, se fue a Japón, donde se refugió. A los tres días, el 20 de noviembre, renunció a la Presidencia de la República por fax.

Fujimori ha recibido cinco condenas por delitos cometidos durante los años 90 o a inicios de la década del 2000. La primera data del 11 de diciembre de 2007, cuando fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones, luego de que le ordenara a un efectivo militar que se hiciera pasar por un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, la esposa de Vladimiro Montesinos. Luego, el 20 de julio de 2009, recibió una condena de siete años y seis meses por peculado doloso y falsedad ideológica, por el pago de US$15 millones a su exasesor Montesinos a modo de compensación por tiempo de servicios. Ese mismo año, recibió otra condena de seis años por los pagos a congresistas trásfugas y la compra de la línea editorial del diario Expreso. Este último caso implica también el pago de una reparación civil de más de S/27 millones.

El 8 de enero de 2015 fue condenado por peculado en agravio del Estado: se desviaron S/122 millones de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para la compra de las líneas editoriales de diarios populares (El Chino, El Men y La Chuchi, entre otros). No obstante, en agosto de 2016, la condena de Fujimori fue anulada por la Sala Permanente de la Corte Suprema, presidida por Javier Villa Stein.

Alejandro Toledo, opositor al gobierno de Fujimori, ocupó la Presidencia desde el 28 de julio de 2001 hasta 2006. En febrero de 2017, un juez ordenó la prisión preventiva para el expresidente por, presuntamente, haber recibido sobornos por US$34 millones de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer a esta empresa en la licitación de los tramos 2 y 3 del proyecto de la carretera Interoceánica. Parte del dinero habría sido canalizado a través del empresario peruano-israelí Josef Maiman, en una serie de actos que habrían constituido los primeros pasos en el Perú del gran caso internacional Lava Jato.

A Toledo también se le implicaba en el caso Ecoteva, por el presunto delito de lavado de activos, pues el expresidente habría incurrido en la compra de dos propiedades en el distrito limeño de Santiago de Surco: una residencia valorizada en US$3.8 millones y una oficina de US$882,000. Este caso también involucra los pagos de las hipotecas de Toledo por US$217 mil y US$277 mil por su casa en urbanización Camacho (Lima) y un inmueble en el balneario de Punta Sal (Tumbes).

Toledo se encontraba en Estados Unidos, por lo que el Gobierno del Perú solicitó su extradición en mayo de 2018. El proceso se extendió hasta julio de 2019, cuando fue arrestado en Estados Unidos. Toledo permaneció recluido ahí hasta marzo de 2020. Por la pandemia de la COVID-19, le fue concedida la libertad bajo fianza luego de habérsele negado antes dos veces. De esta forma, Toledo está a la espera de su juicio de extradición hasta septiembre de 2021.

El caso de Ollanta Humala (2011-2016) también es el de otro expresidente investigado y acusado por lavado de activos, con vínculos con el caso Lava Jato, junto con su esposa Nadine Heredia. En julio de 2017, Humala y Heredia debieron acatar 18 meses de prisión preventiva. Casi un año después, en abril de 2018, la pareja presentó un hábeas corpus con el que se revocó esa detención.

Sobre Humala, así como sobre su esposa Nadine Heredia, pesaba, a junio de 2021, una acusación por el delito de lavado de activos bajo la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos por las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. Esto en un contexto de presuntos aportes que habría realizado la empresa brasileña Odebrecht. La acusación incluye un pedido de 20 años de prisión para el exmandatario y 26 años para su esposa.

Alan García tuvo cuestionamientos en sus dos gobiernos (1985-1990 y 2006-2011). Algunas de las irregularidades se remontan al segundo lustro de los años 80, como la acusación por presuntamente haber recibido un soborno para dar la concesión de la obra inicial del Metro de Lima (tren eléctrico) o la compra de los 26 aviones Mirage 2000, adquiridos en el gobierno de Belaunde por US$12 millones (o US$29 millones actuales), cada uno.

Si bien los aviones no se compraron en la gestión de García, solo se recibió 12 aeronaves para, supuestamente, ahorrar dinero, pero luego habrían sido recolocadas en el mercado a US$36 millones (o US$88 millones actuales) por unidad a través de Abdul Rahman El Assir, un traficante de armas libanés con nacionalidad española. El fallecido senador izquierdista Carlos Malpica estimó que la operación totalizó cerca de US$200 millones en sobornos, los cuales equivaldrían hoy a casi US$487 millones.

Mucho después, en marzo de 2017, García comenzó a ser investigado por la Fiscalía por el supuesto delito de tráfico de influencias por la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima. También se contemplaron los supuestos delitos de colusión agravada y lavado de activos. En noviembre de 2017, la investigación fue ampliada. En las primeras horas del 17 de abril de 2019, la Fiscalía ejecutó la orden de detención preliminar y allanamiento ordenada por el Poder Judicial. En los instantes previos a su detención, en su casa, García subió a su dormitorio y se quitó la vida con un disparo en la cabeza.

Días después, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, afirmó a los fiscales peruanos en Curitiba (Brasil) que Luis Nava y Miguel Atala, ambos del entorno cercano de García, eran ‘los Maiman’ del expresidente (en referencia al papel de intermediario que cumplía en su momento Josef Maiman con Alejandro Toledo). Barata también declaró que entregó un soborno de US$3 millones a Luis Nava al inicio del segundo gobierno de García para agilizar y destrabar proyectos, y que los fondos provinieron de la Caja 2 de la constructora, que se usaba para el pago de coimas y financiamiento no declarado.

La corrupción en el Perú tiene casi tantos capítulos como su historia misma. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso —o infame— Contrato Dreyfus, donde el gobierno del coronel José Balta (1868-1872) prácticamente puso el importante recurso del guano a disposición de la casa francesa Dreyfus & Hnos. a cambio de condiciones, en principio, muy favorables para el país, como el adelanto de dinero e inclusive, hacerse cargo de los servicios de la deuda externa de esa época. En total, la casa Dreyfus debía comprometerse a abonar cerca de S/24 millones (equivalentes a casi US$495 millones actuales) entre servicios por el guano y el compromiso con la deuda externa.

El presidente Balta y Nicolás de Piérola, quien por ese entonces era ministro de Hacienda, añadieron sesgos particulares al trato original para conseguir que el Congreso aprobara en 1869 la negociación con la casa Dreyfus, tal como asegura el historiador Alfonso Quiroz en su libro Historia de la corrupción en el Perú, aun cuando un año antes, ya existía un arreglo con la casa guanera francesa.

Finalmente, con el contrato ya aprobado, se cambiaron las condiciones, estas dejaron de ser favorables para el Perú y llevó a los principales consignatarios nacionales del guano a pedir la nulidad del contrato, lo cual fue apoyado por la Corte Suprema, pero fue desconocido por el mismo gobierno de Balta, que ya había recibido millones de soles en adelantos.

Así como pasó con Balta y Dreyfus, poco más de diez años antes, el general José Rufino Echenique (1851-1855) fue derrocado por diversas acusaciones de corrupción, entre ellas, el escándalo de la consolidación de la deuda interna del país, hecho que se caracterizó por casos de comisiones y sobornos, además de sobrevaluar acreencias de determinados personajes que prestaron dinero al Estado e, incluso, a inventar acreedores que nunca existieron.

El segundo gobierno del general Mariano Ignacio Prado (1876-1879) tampoco se salvó de la estela de la corrupción. Posiblemente la acusación más seria que tuvo Prado se dio con la adquisición de los monitores Oneoto y Catawba (luego rebautizados como el Manco Cápac y Atahualpa) a Estados Unidos, los cuales fueron entonron comprados para uso marítimo, cuando estas naves habían sido construidas y usadas para propósitos fluviales, por lo cual no debía sorprender su poco o nulo servicio en el inicio de la Guerra del Pacífico. Además, la sobrevaloración de los precios de ambas embarcaciones dejó un halo de sospechas.

De otro lado, en el Oncenio del civil Augusto B. Leguía (1919-1930), también hubo una serie de acusaciones en las que estuvo involucrado su hijo, Juan Leguía Swayne. La principal, el permitir un enriquecimiento descontrolado de militares, senadores y diputados. Estos últimos cobraban comisiones a los profesores de sus distritos a quienes se les pagaba en vales, para canjear estos por dinero en efectivo, pues los escasos recursos fiscales no permitían hacerlo de otra manera. Juan Leguía habría desarrollado un sistema de cobro de comisiones y sobornos por diversos tratos oficiales, especialmente en la contratación de préstamos extranjeros y la compra de equipos militares, navales y aviones de guerra.

Casi cien años más tarde, los gobiernos militares de Manuel Odría (1948-1956) y Juan Velasco Alvarado (1968-1975) también tuvieron sus cuotas de corrupción. El primero fue sindicado por enriquecimiento ilícito, por financiar una policía secreta y por otorgar contratos de obras públicas a cambio de favores políticos e, inclusive, un asistente suyo fue descubierto en el negocio de armas. El segundo permitió abusos y corrupción durante la implementación de la reforma agraria y el manejo de empresas estatales como Petroperú y Pescaperú. Sobre esta última, Quiroz, desaparecido historiador de la corrupción, relata en su obra que “sus fondos se gastaron en viajes en jets privados, equipos de fútbol y diversos lujos”.