Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: El Perú y la Gran Depresión luego del Crack de 1929

Nuestro país había tenido un crecimiento económico ininterrumpido desde 1895 e inclusive el mismo año de la debacle en Estados Unidos la economía peruana registró un crecimiento de 11.79% respecto al periodo previo. A nivel político, el país se encontraba bajo la presidencia de Augus­to B. Leguía, en un buen mo­mento para las exportaciones, así como para la industria y la actividad agrícola, que crecían al ser impulsadas por el con­sumo de la recién emergente clase media.

La histórica contracción de la bolsa neoyorkina se produ­jo en tres días de ese octubre de 1929: el jueves 24, el lunes 28 y el martes 29. Fue el inicio de la Gran Depresión, aquella crisis financiera que se exten­dió a lo largo de la década de 1930 y que repercutió en de­cenas de países.

Una crisis que puede servir como punto de comparación con la Gran Depresión es la cri­sis rusa de 1998, que tuvo un efecto mundial al desarrollarse casi a la par con la crisis asiáti­ca, golpeando también al Perú entre esos años e incluso hasta 1999. Sufrieron tanto nuestras exportaciones, como el creci­miento económico (-0.4% en 1998 y solo 1.5% en 1999) y, es­pecialmente durante el último año, el consumo privado, pues los peruanos vieron reducido su poder adquisitivo. En cuan­to al sistema financiero, el efecto fue que de las once enti­dades que existían, seis bancos fueron liquidados y cinco fue­ron absorbidos.

Volviendo a la crisis de 1929, nuestro país fue afecta­do por el lado de las exporta­ciones, la inversión, la banca y el comercio, que se habían desarrollado bastante en las últimas tres décadas previas a esa debacle. La baja en las exportaciones se produjo de­bido al desplome de los precios de la mayoría de las materias primas que vendía el Perú al extranjero. Ejemplos de esto fueron las caídas de precios del algodón, el azúcar, el cobre, la plata, el plomo y el zinc; todos eran elementos importantes en los despachos peruanos al exterior. El severo efecto en las exportaciones también se sintió debido a la importancia que había cobrado el comercio exterior para el país. Las expor­taciones pasaron de represen­tar el 12.4% del PBI en 1896 a un 27.9% en 1929. Por otra par­te, el cese del acceso a financia­miento del extranjero terminó afectando las inversiones y a la banca, entre otros factores. Esta situación incluso ocasio­nó que se remataran activos locales, dando lugar a una caí­da de precios. Las exportacio­nes empezaron a recuperarse en 1933 y tuvo que llegar la década de 1940 para que re­cién entonces se retomaran los niveles previos al crack.

El impacto en la banca ge­neró un cambio significativo en el mercado, pues cayó el principal actor del sistema fi­nanciero de la época: el Banco del Perú y Londres. Asimismo, la crisis marcó el final de dos eras: la de la libra peruana de oro, que había sido adoptada como moneda en el último quinquenio del siglo XIX, du­rante el gobierno de Nicolás de Piérola, y la del gobierno de Augusto B. Leguía.

Luego de la salida de Leguía, el poder estuvo en manos de Da­vid Samanez Ocampo, quien fue presidente de la Junta Nacional de Gobierno entre marzo y diciembre de 1931. Su mandato concluyó luego de que Luis Miguel Sánchez Cerro fuera elegido como presidente constitucional. En el breve pe­riodo de este, se promulgó la Constitución Política de 1933 que trajo varios cambios im­portantes como la prohibición de la reelección inmediata del presidente, el establecimiento de un período presidencial de seis años, el reconocimiento a la libertad de culto, al divorcio y otorgó el derecho a voto a la mujer en las elecciones muni­cipales.

En cuanto a la respuesta a la crisis, varios historiadores coinciden en que todos los gobiernos mantuvieron una política económica pasiva, es­perando que la recuperación del país se produjera una vez que los precios internacio­nales de las materias primas volvieran a apreciarse. Los gobiernos que le sucedieron a Leguía, especialmente los de Samanez y Sánchez Cerro, no pudieron continuar con la masiva inversión pública que había caracterizado a esa ges­tión. Y esto se debió a que ello era financiado en buena parte con créditos extranjeros, cuya procedencia era básicamen­te la banca de EE.UU., el epi­centro de la crisis. Habiendo quedado detenido el flujo de financiamiento para el Esta­do, el ritmo de gasto públi­co no pudo mantenerse, ni tampoco pudo responderse inicialmente con incremento significativo de la inversión pública para contrarrestar parcialmente la caída del em­pleo y la inversión.

Quizás la mejor muestra del golpe que recibieron las finanzas públicas fue que los ingresos del Estado recién en 1946 retomaron los niveles previos a la Gran Depresión. La escasez de recursos gene­ró, además, que se fortalecie­ran los esfuerzos del Estado por ampliar, al menos lige­ramente, la recaudación y la base tributaria. Esto pudo observarse por medio de la mayor recaudación de im­puestos como los derechos de importación y del impuesto a la renta.

No obstante, es importante re­marcar que hubo un esfuerzo por tratar de salir de la crisis, ya que en 1931 el gobierno de Sánchez Cerro contrató los ser­vicios de una misión económi­ca norteamericana que ofrecía un estudio técnico financiero que permitiera hacer frente a la grave situación que afrontaba el Perú. Esta misión fue lide­rada por el economista Edwin Walter Kemmerer. Su informe final propuso reformas, como modificaciones tributarias, la autorización a los concejos provinciales y distritales para establecer una contribución predial, cambios en las leyes del tesoro nacional, un proyec­to de ley monetaria, una ley de bancos, entre otros. Una de las medidas aceptadas fue la que permitió la creación de la Su­perintendencia de Bancos, hoy conocida como la Superinten­dencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Esta norma, así como con otros ajustes en la política eco­nómica, contribuyeron a dotar de una relativa estabilidad mo­netaria al país en los siguientes años, así como a retomar el ac­ceso al crédito extranjero.

En el sector financiero, se empezó a construir el Banco Industrial y se reestructuró el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP). De otro lado, se eli­minó el impuesto a la sal.

Para el sector minero se analizó la nacionalización de la minería, liquidó sus derechos y promulgó la ley de protección a las cuadrillas de los lavaderos de oro.

Pese a las dificultades, los gobiernos de Sánchez Cerro y su sucesor, Óscar Raimundo Benavides, impulsaron algu­nas obras de infraestructura relevantes. En el primero se construyeron las carreteras Lima–Canta, Paita–Piura y se continuó la construcción de la Carretera Central.

En el ámbito laboral, una me­dida relevante fue la de otor­gar vacaciones a los obreros, así como el descanso remune­rado por el Día del Trabajo (1° de mayo). También se estable­ció el horario de verano para los trabajadores y se crearon los restaurantes populares.

Durante la gestión de Sán­chez Cerro, el país aún sentía los rezagos de la crisis cuando su gobierno acabó inespera­damente, al ser asesinado por el militante aprista Abelardo Mendoza Leyva, el 30 de abril de 1933. Después del fatídi­co suceso, Óscar R. Benavides asumió la Presidencia y go­bernó desde 1933 hasta 1939.

En la gestión de Benavides se legisló en materia laboral y so­cial tomando como referencia la legislación italiana. Muestra de ello fue que mediante la emisión de leyes se reconoció las horas extras y su remune­ración, se dispuso la creación del Seguro Social Obrero Obli­gatorio, se extendió la jubila­ción a todos los servidores pú­blicos y se creó la Dirección de Asuntos Indígenas, entre otras medidas y políticas.

Su gobierno retomó el ac­ceso al crédito exterior y des­plegó, además, una política ex­pansiva de gasto que permitió frenar la caída de los precios. Esta política implicó que entre 1933 y 1934 aumentaran los egresos del Estado en 23% y 33%, respectivamente. Y si bien ese no fue el final de la crisis para el Perú, sí marco el inicio de un lenta recuperación. Con Benavides una buena parte del gasto estatal se orientó al desarrollo de infraestructura. Entre las principales obras des­tacan el Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, la remode­lación de la Plaza de Armas y la ampliación de redes de agua y desagüe en Lima.

Otro aporte destacable de Benavides fue la construcción de infraestructura vial. Entre 1933 y 1938, la red de carrete­ras en nuestro país aumentó en más de 4,000 kilómetros. La construcción de la Carretera Central entre Lima y La Oroya fue de especial importancia para el Ejecutivo. Esta carrete­ra se conectaba, además, por vías secundarias, con Huánu­co, Huancavelica y Ayacucho. También se construyeron las carreteras Huánuco-Tingo Ma­ría, Cusco-Abancay y Chimbo­te-Huaylas. En tanto, Trujillo y Lambayeque se conectaron con los puertos de Salaverry y Pimentel. Estas y otras obras hicieron posible viajar entre Lima y Ancón, Chorrillos y La Herradura, Lima y Cañete, Pis­co e Ica, y Arequipa y Puno. Estos avances, además, reper­cutieron al impulsar el parque automotor.

Preocupado por la defensa nacional, Benavides también dotó de armamento moder­no al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Además, edifi­có cuarteles y reglamentó el Servicio de Movilizables ante cualquier peligro de seguridad.

La gestión de Benavides también será recordada por la recuperación de sectores como el agropecuario y mine­ro. La producción del primero creció en 60% entre 1932 y 1936, mientras que la produc­ción minera en este mismo año casi duplicó la de 1932.

Otra actividad que comen­zó a mostrar un desempeño más saludable fue la manu­factura, cuya producción au­mentó en casi 60% entre 1932 y 1937, mientras que la acti­vidad comercial aumentó su valor agregado en 40% entre 1932 y 1937. Así, la economía peruana cumplía el largo pe­riodo de salida de la Gran De­presión, después de casi una década de la debacle estadou­nidense de 1929.

Este tenía, sin embargo, menor peso, por lo cual el cam­bio de la moneda nacional vino en paquete con una devalua­ción que deslizó el cambio desde los 2.50 soles por dólar, vigente en 1929, hasta los 3.27 en diciembre de 1931. En los años siguientes, el Gobierno continuó acuñando de manera discontinua la libra peruana hasta 1969 inclusive.

La libra peruana era una moneda de oro que consis­tía en un disco de 22 milíme­tros de diámetro de 7,989 gra­mos de peso y ley de 916 2/3 de oro fino, y que se hizo según un diseño del artista nacional Juan Lepiani, que fue llevado al cuño por el grabador Juan Francisco Rodríguez. El 14 de diciembre de 1901 se adoptó oficialmente la Libra Peruana de Oro como Uni­dad Monetaria Nacional.

El inicio de la I Guerra Mun­dial puso en riesgo la estabilidad monetaria del país. La reducción de exportaciones y la dificultad para mover el oro en barras que el Estado peruano guardaba en Nueva York, así como el hecho de que algunos peruanos deci­dieron esconder sus mone­das de oro, hizo que el gobierno buscara una solución, usando moneda de papel bajo el nom­bre de ‘cheques circulares’. Estos fueron supervisados por una Junta de Vigilancia desde 1914. No se les llamó billetes, por el mal recuerdo que había dejado el papel moneda en el siglo XIX.

La divisa oficial después de aquella moneda fue el sol de plata, mientras que las mone­das de oro se destinaron única­mente al comercio internacio­nal, mas no para la circulación interna.

La crisis mundial desata­da por la caída de Wall Street en 1929 afectó en el Perú a todas los secto­res y clases sociales. Uno de los rubros más golpeados por los retrocesos económicos de la década de los 30 fue la expor­tación, principalmente por la situación de la minería.

No había trabajo. En algu­nos negocios y oficinas se iba a laborar menos días a la sema­na. En 1932, la minería emplea­ba la mitad de la fuerza laboral respecto a 1928. Las azucareras también tenían dificultades, con caídas del 20% en el caso de los braceros de campo. Las penurias de la industria reper­cutían en la población porque generaba empleo masivo.

Por ello, el gobierno de Os­car R. Benavides buscó impul­sar su recuperación y en 1936 autorizó la creación del Banco Industrial para fomentar la apertura de nuevas industrias, otorgando préstamos con tasas de 5%. El objetivo era lograr la nacionalización progresiva del sector. También se aplicó una política arancelaria favorable para la introducción de los ele­mentos industriales para las nuevas plantas. Inicialmente la llegada de las nuevas tecno­logías afectó a los trabajadores, pues las empresas redujeron casi al 50% la planilla. Sin em­bargo, esto se equilibró con la aparición de centros fabriles. La clase media tenía menos opor­tunidades de empleo, pues la pequeña y mediana industria necesitaba más obreros que personal administrativo.

Los antiguos artesanos se convirtieron en obreros manu­factureros, ya sea con peque­ñas fábricas independientes o asimilándose a las grandes. Los salarios en las ciudades de la costa mejoraron y hubo incre­mento de la productividad por la división y especialización del trabajo, así como por el enfoque en las industrias dependientes del agro como la lana, cueros y tejidos de punto.

Fue así como se acentuó el centralismo limeño, ya que muchas empresas abrieron o mantuvieron su sede princi­pal en la capital, mientras que las provincias les proveían las materias primas. No obstante, esto no pasó en Arequipa, don­de se estableció la Asociación de Comerciantes e Industriales en defensa de los intereses de esta región.

Al iniciarse el siglo XX, las con­diciones de vida eran difíciles para la mayoría, sobre todo en higiene y salud, lo que propició el avance de epidemias como sarampión, viruela, neumo­nía y tifus. Para la década de 1930, la situación se mantenía igual. Lima aún era una ciudad donde la mayoría de la pobla­ción carecía de agua potable y desagüe. En 1922 se había decretado que todos los calle­jones o casas de una vecindad debían tener instalados, por lo menos, una ducha, un inodo­ro y un botadero por cada 10 habitaciones y debían estar dentro de cuartos de ladri­llos revestidos con cemento y arena. Sin embargo, en 1930 se volvió a decretar lo mismo para los callejones que tenían un solo caño, lo cual demostró que la disposición anterior no se cumplía.

En 1935 se creó el Ministerio de Salud y surgieron grandes centros sanitarios y el con­cepto de la seguridad social. En agosto de 1936 se creó la Caja Nacional del Seguro So­cial Obrero. Al poco tiempo se dispuso la obra del Hospital Obrero, hoy conocido como el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, inaugura­do en diciembre de 1940. Otro de similar importancia fue el Hospital del Empleado, abier­to en 1958, y rebautizado en 1981 como Hospital Eduardo Rebagliati Martins, nombre del precursor de la seguridad social en el Perú.