Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: El caro laberinto estatista de la dictadura de Velasco

En setiembre, una alta y anormal demanda de divisas generó que el Banco Central de Reserva se retirara temporalmente del mercado cambiario para desincentivar la especulación. Por ello la moneda mostró una marcada devaluación y esto pudo observarse en el tipo de cambio, pues mientras en enero un dólar equivalía a 26.82 soles de ese entonces, en setiembre llegó a costar 40.5 soles. El accionar del BCR y otras medidas permitieron reducir el tipo de cambio a S/38.7 por dólar. Varios meses después, en junio de 1968, el presidente Fernando Belaunde Terry nombró a Manuel Ulloa Elías como ministro de Economía, quien armó un conjunto de medidas para sanear las finanzas públicas y lograr el equilibro de la balanza de pagos. Destacaron la priorización de capitales nacionales en proyectos o actividades estratégicas, y el anuncio de una reforma tributaria. En esta se dispuso el Impuesto a la Renta Global, que permitió captar una contribución sobre todas las rentas del contribuyente, el establecimiento de un impuesto al patrimonio accionario, y la diferenciación entre la tributación de personas naturales y jurídicas. En ese contexto, surgió el escándalo respecto a la entrega del complejo petrolero de La Brea y Pariñas de la International Petroleum Company (IPC) al Estado y la supuesta desaparición de una página del contrato con esa empresa.

Ello provocó una crisis política y malestar en la población. Para algunos sectores, representaba una oportunidad que el APRA iba a usar para ganar las elecciones generales de 1969. Las Fuerzas Armadas, con el general Juan Velasco Alvarado a la cabeza, aprovecharon esa situación para dar el infame golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, sacando al presidente Belaunde.

El gobierno de Velasco, que también se conoce como la primera fase, duró hasta agosto de 1975, cuando fue derrocado por otro militar que incluso fue su ministro de Economía, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien inició la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

Velasco actuó con respaldo total de los institutos armados. Su intención era hacer un gobierno de largo plazo para modificar la estructura productiva y social del país, aspirando a imponer una propiedad social y buscando afectar la propiedad privada. Entre sus políticas sobresalen por nefastas la reforma agraria y la creación de 175 empresas públicas, en su mayor parte estatizando empresas privadas que venían funcionando con éxito. Se nacionalizaron actividades extranjeras lo que terminó afectando la llegada de capital externo al Perú en comparación con otros países de América Latina. Su carrera estatista causó graves problemas económicos y pérdidas, de las cuales el Perú aún no se recupera por completo. El pretexto que los militares dieron para el golpe fue que supuestamente el gobierno de Belaunde había incurrido en una “pseudo solución entreguista, dada al problema de La Brea y Pariñas” y por la supuesta desaparición de la página 11 del contrato, que existía una “descomposición moral en el país” que había llegado a extremos. Con seis días en el poder, el 9 de octubre, el Gobierno anunció la expropiación de la IPC y la ocupación de la Refinería de Talara. La aún existente PetroPerú se hizo con la nacionalización y estatización de la International Petroleum Company. Empresas eléctricas fueron reemplazadas por la estatal Electrolima. En el sector pesquero 84 empresas fueron afectadas y se creó Pesca Perú. Y en transporte aéreo, con Aerolíneas Peruanas se hizo AeroPerú. En minería, la Cerro de Pasco Copper Corporation pasó a ser Centromín Perú y la Marcona Mining Company se convirtió en Hierro Perú. Cabe anotar que con la estatización estas empresas se alejaron de la modernización de las tecnologías de explotación y procesamiento del mineral, por lo que muchos de los pasivos ambientales que hay en el Perú se han arrastrado desde el velascato.

La aventura empresarial del Estado entre 1968 y 1979 acarreó pérdidas acumuladas de US$ 2500 millones, un monto que proyectado a valores actuales supera los 18,840 millones de dólares. El aparato público creció de tal manera que la planilla estatal había aumentado 83%. Los gastos superaban los ingresos del Estado y hubo que cubrirlos con préstamos. Por ejemplo, el gasto aumentaba 8.62%, mientras que el ingreso solo creció en 4.51%. Para financiar este gasto, la deuda pública pasó del 15% del PBI al 48%; esto significó que la deuda por cada peruano se multiplicaba por cinco. La deuda externa pactada a tasas variables, además, se incrementó mucho. Mientras tanto, el déficit fiscal era cada vez mayor conforme avanzaba el gobierno militar.

En 1968, cuando se dio el golpe a Belaunde, la inflación era de 9.8%; en 1969 fue de 5.7% y en 1976, luego de la salida de Velasco, la cifra fue de 44.6%. Con Morales Bermúdez, la inflación llegó increíblemente a 73.9% en 1978.

Aunque el ingreso per cápita real entre 1950 y 1968 había mostrado una tendencia creciente, con las medidas del gobierno militar, la cifra se estancó y decayó. El promedio de una década entre 1968 y 1978 fue solo de 0.7%.

Otra cosa que no puede olvidarse es que el deterioro económico en que cayeron importantes sectores de la población se inició con las medidas de ese régimen. A partir de 1974 se observa una caída en los salarios reales en el sector privado, mientras que el salario mínimo mostró una tendencia a la baja a partir de 1972. Los niveles de pobreza y pobreza extrema crecieron y revertir esa condición resultó muy difícil. Para 1970, la población en pobreza era el 35% y en pobreza extrema, 15%, según las estimaciones hechas por el economista Adolfo Figueroa. Mucha gente pasó a estar desempleada y aumentó el subempleo. Según las cifras del INEI, a partir de 1974 la tasa de desempleo pasó de 4% de la población económicamente activa (PEA) a más de 7% en 1978. Mientras que el mayor indicador de subempleo se registró en 1977 con 48% de la PEA. Muchos aún no han podido salir de ese deterioro, señala un análisis del Instituto Peruano de Economía.

Para lograr sus objetivos el gobierno de Velasco optó por ir en contra del enfoque de un mercado libre y abierto, es decir, contra el fomento del comercio exterior y la captación de inversión extranjera necesaria para la generación de empleo. De esta manera aplicó políticas proteccionistas que implicaron una nociva intervención del Estado en la economía y el fomento de un crecimiento orientado hacia adentro. La política comercial impedía la libre importación lo que perjudicaba al consumidor. Revisar los niveles arancelarios efectivos nos da una idea. Entre 1948 y 1959 solo llegaron al 16%, mientras que entre 1968 y 1975 llegaron al 105%.

“Al acentuar la política de sustitución de importaciones, el Gobierno convirtió al sector manufacturero en el líder de la economía, aunque sin llegar a desarrollar una industria local de alta intensidad tecnológica, productora de bienes de capital e insumos, y sin articular la economía ni el mercado interno, con lo cual no pudo modificar la composición del comercio exterior. (…) un modelo de capitalismo de Estado depende de un alto nivel de inversión privada, (…) hoy en día estos años son recordados como el punto de inflexión de la inversión privada; es decir, cuando el sector privado disminuyó su participación en la inversión agregada. De esa manera, el aumento de la demanda por productos industriales pasó a depender del gasto público, con lo cual el déficit fiscal aumentó a niveles críticos e insostenibles”, señala el historiador económico Luis Ponce citando a Carlos Paredes y Alberto Pasco-Font.

Ello se ve al analizar estas cifras: mientras en 1968 la inversión pública representaba el 29.5% de la inversión total (pública y privada), en 1974 llegó a ser el 52.3%. Se ve un total alejamiento de la inversión privada que hoy en día, en una economía más saludable, representa casi el 80% del total. Para compensar la ausencia de la empresa privada, entre 1968 y 1974 (inicio y fin del régimen de Velasco), la inversión pública pasó de ser el 12% del PBI al 18.6%. El alto gasto del Estado se mantuvo incluso con Morales Bermúdez, pero sin modificarse su distribución entre costa, sierra y selva. A pesar del supuesto enfoque reformista del gobierno militar, la costa siguió siendo el principal destino de la inversión pública (56.1%), seguida por la selva (15.9%) y dejando rezagada a la sierra (11%). Pese a ello, no superó la de los veinte años anteriores al golpe. Una de las inversiones públicas que no tuvo rentabilidad, que generó mucha deuda externa y que, además, tiene contingencias ambientales fue la construcción del Oleoducto Nor Peruano, con 1,106 kilómetros de largo, para transportar petróleo desde San José de Saramuro, en Loreto, hasta Bayóvar, en Piura. Fue encargado en 1972, un año después la firma Bechtel asumió la obra y en 1977 entró en operaciones. Costó US$800 millones de la época (hoy serían casi US$4,739 millones).

Respecto al dólar, había un control estatal para su circulación y su libre posesión estaba penada. Solo el Estado podía vender la moneda norteamericana y había un límite que debía ser sustentado, para un viaje, por ejemplo.

La reforma agraria consistió en la expropiación y distribución de casi 11 millones de hectáreas entre 340 mil familias con el supuesto objetivo de transformar la estructura de titularidad de la tierra. La medida, además de trasgredir el derecho de la propiedad privada, tampoco tuvo un impacto generalizado entre la población campesina, aunque así lo recuerden algunos. Cuando se inició el gobierno de Velasco, las 340 mil familias mencionadas solo representaban el 28% de las familias campesinas del Perú. La consigna era “la tierra para quien la trabaja”; se iba a dar en propiedad a cada familia campesina un área de tierra para cultivarla, mantener la economía familiar y producir para ingresar en el circuito de mercados. Sin embargo, esto no sucedió pues la productividad fue seriamente afectada.

El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley Nº 17716 para eliminar el latifundio, el minifundio y toda “forma antisocial” de tenencia de la tierra. El esquema se centraba en estatizar las tierras más ricas o aprovechables o las empresas más tecnificadas, expropiar, repartir y cooperativizar las tierras de importancia secundaria.

Si bien la reforma eliminó temporalmente algunas causas de conflictos sociales del campo que venían desde tiempos previos a la República, no logró que estas empresas de carácter asociativo lograran el desarrollo deseado. Sobrevino un proceso masivo de parcelación individual y minifundismo, lo cual restó eficiencia a la explotación de las tierras y la producción agraria, pues se trataba de reducidas extensiones que no alcanzaban altos niveles de calidad ni cantidad en las cosechas.

Con la liquidación del latifundismo, el Perú desactivó su sistema productivo. Alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades campesinas. Se formaron cooperativas agrarias de producción (CAP) en las haciendas agrícolas de la costa como propiedad colectiva de los trabajadores agrícolas; y las sociedades agrícolas de interés social (SAIS) en las haciendas ganaderas de los Andes como combinación de cooperativa de trabajo asalariado y comunidades campesinas tradicionales. Para 1979 habían sido expropiados 15,826 fundos, es decir, un total de 9'065,772 hectáreas de tierra cultivable. Haciendas tradicionales como Cartavio (W. R. Grace & Co.), Casa Grande (familia Gildemeister), Roma (familia Larco), Cayaltí (familia Aspíllaga), Sociedad Viuda de Virgilio Dall’Orso (distrito de Pucalá), Pomalca (familia De la Piedra), Tumán (familia Pardo) y Laredo (familia Chopitea), pasaron a ser cooperativas administradas por los trabajadores.

El efecto negativo de las medidas se observó en las exportaciones peruanas. Entre 1969 y 1975, el Perú importaba más de lo que exportaba, por lo que los envíos al extranjero se redujeron 1.93% entre 1969 y 1975, mientras que las importaciones aumentaron 8.68%.

El régimen militar dispuso en 1970 la creación de la comunidad industrial en las empresas privadas, figura con personería jurídica propia, por la que los trabajadores accedían hasta el 50% a la propiedad, gestión y utilidades de una empresa.

El gobierno de Velasco estuvo muy enfrentado con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Tanto así que la obligó a eliminar la palabra nacional del nombre. Raymundo Duharte, su entonces presidente, fue un empresario de metalmecánica que, por defender al gremio empresarial y a la industria en general en 1973, acabó viviendo siete años en Ecuador, a donde su avión fue desviado por Velasco cuando regresaba de un viaje familiar a Japón. Se le prohibió entrar al Perú. George Schofield Bonello, expresidente de la SNI, se refiere así al gobierno de Velasco: “la reforma agraria desmanteló el latifundio que permitía una economía de escala para los cultivos industriales, y las malas políticas agrarias atentaron contra la competitividad, calidad y mejora del algodonero en el Perú”. Este efecto golpeó a todas las empresas productivas agrícolas. Las industrias algodonera y azucarera estuvieron entre las más afectadas.

El final del gobierno de Velasco comenzó en 1973, cuando en febrero fue hospitalizado de emergencia por un aneurisma que le generó una gangrena en la pierna derecha. En marzo sufrió la amputación de la pierna y unas semanas después volvió a tomar el mando que temporalmente había estado en manos del premier, general Edgardo Mercado Jarrín.

Velasco tomó medios de comunicación en julio de 1974 y ello originó protestas. El tenso clima se prolongó. En febrero de 1975 se inició una huelga de la Policía que el día 5 terminó con una fuerte represión que dejó decenas de muertos, más de 150 heridos y más de mil detenidos. La imagen de Velasco quedó muy afectada. Ello sumado a casos de corrupción dentro del régimen fueron el contexto para sacarlo del poder el 29 de agosto de 1975, cosa que hizo, desde Tacna, su ex ministro de Economía general EP Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Este no era parte de su círculo más allegado al momento del golpe de 1968; sin embargo, a los siete meses lo convocó para la cartera de Hacienda, como se le llamaba entonces a ese ministerio, que ya había ocupado antes por dos meses en el primer gobierno de Belaunde.

Morales Bermúdez se había mostrado incómodo con decisiones de Velasco, por ejemplo, respecto al presupuesto del SINAMOS, que promovía campañas de concientización y movilización, y que eliminó en 1978. Semejante posición tuvo con el Plan Inca y con la propiedad social.

La segunda etapa del gobierno militar se extendió hasta el 28 de julio de 1980 y deshizo parte de las políticas velasquistas. Tras una crisis, convocó a una Asamblea Constituyente, que presidió el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, la que redactó la Constitución de 1979 que rigió hasta 1993. Finalmente, convocó a elecciones para mayo de 1980 y en las que Fernando Belaunde Terry fue elegido para un segundo mandato.

Los altos gastos en compras militares fueron uno de los principales motivos del endeudamiento externo durante este gobierno. La partida llegó a ser una de las más altas durante el gobierno militar y esto se dio en sus dos fases, es decir, tanto con el general Juan Velasco Alvarado como con el general Francisco Morales Bermúdez. El 25% de la deuda pública externa que se contrajo entre 1970 y 1979 fue destinado a gastos militares.

Velasco hacía fuertes compras militares pensando en el centenario de la Guerra del Pacífico que se cumplía en 1979. Pensaba que el Perú no podía estar tan poco preparado como lo estuvo ante Chile en 1879. Así, el Perú distanciado del modelo liberal y de los Estados Unidos, le compró armamento a la hoy desaparecida Unión Soviética (URSS): tanques, aviones de combate Sukhoi y de transporte Antonov, helicópteros y distintos de tipos de armas. También se adquirió en 1973 un crucero lanzamisiles a Holanda, el cual se convirtió en el BAP Almirante Grau que se dio de baja en 2017.

Entre 1970 y 1977, el gasto en defensa se incrementó en 15.5%, mientras que los recursos destinados al pago de intereses aumentaron 16.5%. En ese periodo, el sector Defensa captó el 18.3% de todo el gasto del gobierno central. Fue el segundo concepto por gastos corrientes que recibía más recursos, solo superado por las remuneraciones del colosal sector público (25.6%). Las compras militares se pusieron más fuertes a partir de 1974, luego de que en 1973 el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en Chile.

De otro lado, los subsidios excesivos también llevaron a engrosar el endeudamiento externo. El gobierno militar subvencionó las importaciones de gasolina y de alimentos, mientras mantenía el control sobre los precios de los productos agrícolas nacionales. Todo esto aceleró el crecimiento del déficit fiscal. En 1974, el 45% de los gastos corrientes se financiaban con deuda externa.

Por todo ello el déficit fiscal iba en aumento durante el gobierno de Velasco y no hizo más que empeorar hasta 1977, cuando en el segundo año de Morales Bermúdez, el déficit fue el 7.5% del PBI. Esta realidad recién comenzó a cambiar en 1978, cuando se redujeron los gastos de capital en la inversión pública en 10% y los subsidios en casi 60%.

En marzo de 1970 comenzaron a sentirse los fuertes pasos de la dictadura militar del general Juan Velasco contra los medios de comunicación. Los diarios Expreso y Extra de Editora Nacional, propiedad de Manuel Ulloa, fueron expropiados. Entre protestas y tensiones se llegó a julio de 1974, cuando en vísperas de las fiestas patrias, se confiscaron otros medios, atentando contra la libertad de expresión y contra el derecho de  la ciudadanía de elegir cómo se informaba y qué medios consumía. Sufrieron ese despropósito El Comercio, La Prensa, Última Hora y Ojo, y a la lista se sumó la clausura de la revista Caretas y las radioemisoras Radio Noticias y Radio Continente. Antes, los canales de televisión también habían sufrido la presión del gobierno velasquista para que vendieran el 51% de sus acciones al Estado, el que finalmente controlaría el contenido que dichos medios propalarían.

América, Panamericana y el canal del Estado (actual TV Perú) estaban controlados por Telecentro, entidad similar a la OCI para regular el contenido transmitido por televisión en favor del régimen militar.

Las protestas de dueños y directores de medios ante la dictadura les valieron a algunos ser deportados. Enrique Zileri, de Caretas, fue deportado en 1969 a Portugal (de ahí pasó a Madrid unos meses) y en 1974 pudo refugiarse en Argentina. Francisco Igartua, de Oiga, vivió tres años de exilio en México hasta 1977. Otras figuras fueron Arturo Salazar Larraín, de La Prensa; Luis Rey de Castro y el chispeante humorista Luis Felipe Angell de Lama ‘Sofocleto’.

La libertad de prensa, así como libre información y opinión son derechos inherentes a la persona y están estrechamente relacionados a la democracia y a su fortalecimiento. Obviamente Velasco no los iba a respetar, pues su pretensión era usar los medios como vías de propaganda.

El Plan Inca resumía el pensamiento de la revolución sobre la prensa de gran circulación. Sin libertad de prensa, la dirección de los diarios fue asignada a la OCI (Oficina Central de Información), ente estatal que se encargaría de filtrar el contenido que fuera posteriormente publicado por los periódicos, creando una sola opinión propagada por todos los medios escritos.

Dirigía El Comercio en esos tiempos don Luis Miró Quesada de la Guerra. Meses antes de producirse la confiscación, se reunió con el general Velasco en Palacio de Gobierno. Fue en correspondencia al saludo que le había hecho llegar con un edecán de la Presidencia por un homenaje a su trayectoria. El Dr. Miró Quesada de la Guerra acudió en compañía de uno de sus nietos, Álvaro Roca Rey, quien inicialmente se quedó en la sala de espera, pero a los pocos minutos fue invitado a pasar al despacho de Velasco.

Roca Rey nos cuenta que el general, quien ya había sufrido la amputación de la pierna, quiso mostrarse cordial “y hasta dijo que era una reunión amical, familiar”. Sin embargo, la cita que se pensó iba a ser muy breve se fue alargando y, al mismo tiempo, adquiriendo cierta tensión. Velasco expresó que su gobierno quería tender puentes, pero que solo recibían ataques. “Mi abuelo le dijo entonces que se sentían sumamente inseguros frente a las acciones que venían dándose. Comentó la reforma agraria e incluso le llegó a decir ‘no tome el periódico, creo que lo piensan hacer’, a lo que el general respondió que no lo habían contemplado. Al salir de Palacio le pregunté su impresión y mi abuelo me respondió ‘muy mala, no me parece sincero. Nos vamos al diario’”.

Su voz había sido la más severa a la hora de condenar los abusos y exigir el respeto a la libertad de prensa, por lo que fue sometido a un arresto domiciliario el 22 de julio de 1974. Dos días después, se produjo la toma y confiscación de El Comercio.

Rafael Roncagliolo respaldó al gobierno de Velasco y trabajó para este. Transcurridas varias décadas, lo analiza. “La reforma de la prensa fue un fracaso porque se formuló como el proyecto para que a la hora de comunicar llegara a los grandes lectores sociales. Eso era en teoría, pero en la práctica los medios continuaron todo el tiempo gestionados por el Estado, eso fue un lamentable fracaso. En general, el gobierno de Juan Velasco se movió en una gran contradicción entre un discurso de participación y una práctica militar de gobierno vertical. Me parece que la característica principal del régimen es esta contradicción entre este discurso participacionista mientras se ejerce un gobierno autoritario. Eso se vio reflejado en algunas reformas económicas que pudieron haber sido importantes, como por ejemplo la forma de empresa, la propiedad social, eran proyectos que pudieron haber sido importantes pero que quedaron desvirtuados por el régimen militar y que por su propia naturaleza no podía cumplir el discurso que daba”.

Según Roncagliolo, “queríamos impulsar las transformaciones sociales para que pudieran continuar cuando terminara el gobierno militar. Estábamos de acuerdo por la reforma pero, obviamente, no con que fueran hechas bajo un régimen militar, buscábamos dar paso a un gobierno civil, pero no funcionó porque al poco tiempo hubo el golpe de Morales Bermúdez y todos terminamos perseguidos o en el exilio”.

Acerca de la reforma agraria opina que era indispensable: “Todos los partidos políticos la habían planteado aunque no la habían podido realizar. La reforma agraria proponía acabar con el Perú oligárquico y crear una propiedad de la tierra menos concentrada. Yo creo que sin reforma agraria, posiblemente Sendero Luminoso hubiera avanzado mucho más, porque lo que encontraron es que los campesinos eran propietarios de las tierras y por eso las defendían. Ahora bien, se hizo con una multitud de errores y mucha burocracia, pero era un clamor al igual que la nacionalización del petróleo”.

Jaime de Althaus resalta que los principales errores del gobierno militar de Juan Velasco fueron básicamente cerrar la economía, poner unos aranceles altísimos a todo aquello que se produjera fuera del Perú, imponer el proteccionismo industrial y estatizar un conjunto de empresas privadas en casi todos los sectores, como la minería, la industria, la pesca y la banca. “Solo en el año 2006 recuperamos el PBI per cápita de 1976. Perdimos 30 años de crecimiento”, remarca.

Recuerda que con Morales Bermúdez comenzó la alta inflación como consecuencia de que el Estado tenía más gastos, pero no suficientes ingresos porque la economía no crecía. “Empezaron a pedir préstamos al BCR, que tenía que emitir dinero para prestarle al gobierno central, para cerrar sus déficits. Fue surgiendo la inflación, que ya era cerca de 60% o 70% al año y esto fue subiendo en los 80 porque Belaunde no modificó las principales líneas de las políticas de Velasco”.

El gobierno de Belaunde había comenzado la reforma agraria, pero tenía la oposición del Congreso. Este era controlado por la coalición apristaodriísta, que no le permitía llevar adelante la reforma. Avanzó poco. “Sin embargo, esta reforma de Belaunde estaba mucho mejor enfocada porque buscaba expropiar los latifundios improductivos, que estaban básicamente en la sierra y tenían una economía casi feudal sin asalariados, donde el patrón tenía una pequeña área para él y lo demás estaba entregado a los peones que producían y le entregaban, digamos, la mitad de la cosecha al patrón. Era un sistema semi servil. Eso es lo que se comenzó a expropiar en el gobierno de Belaunde y la reforma debió consistir en eso, no en expropiar las haciendas productivas de la costa, que eran las exportadoras. Ese fue el gran error”.

De Althaus también recuerda que se expropiaron los fundos modernos de la costa y estos colapsaron por un segundo gran error: “En lugar de repartir las tierras se estableció unas cooperativas de producción que no funcionaron nunca”.

En 1961 el Perú contaba con 10 millones de habitantes, mientras que en 1972 la cifra era de 13.5 millones. Hubo un crecimiento del 35% en una década. Hubo grandes migraciones internas, principalmente de la sierra a la costa. Aunque también se migró de la sierra hacia la selva. Parte del plan de la Reforma Agraria era dar a los campesinos posibilidades de quedarse en la sierra con sus tierras, pero ello no ocurrió.

Las olas migratorias provocaron invasiones ilegales de tierras, desempleo e informalidad; al mismo tiempo se acentuó la estratificación social en la que las clases sociales estaban marcadas por la etnicidad. Velasco pensó que una forma de estandarizar la apariencia de los escolares era imponiendo el uniforme único de color plomo para todos. En educación se dispuso una amplia reforma que en el papel podía sonar bien, pero a la larga generó conflictos en la educación pública, iniciando su deterioro y los problemas con el sindicato de maestros SUTEP.

El Gobierno suspendió las importaciones que podían competir con la producción local y buscó tomar distancia de lo “alienante”. Pero los productos hechos en el país no tenían la misma calidad y podían costar hasta cinco veces el precio de un producto importado, como los electrodomésticos. Cerrar las fronteras comerciales trajo el contrabando, el mercado negro. Los más refinados productos podían venderse a muy alto precio.

Algunos productos no se fabricaban acá, pero sí se ensamblaban. Los automóviles eran traídos en piezas para ser armados en suelo nacional. Por la falta de capacidad, solo se podía ensamblar pocos modelos de algunas marcas: Volkswagen, Hillman, Dodge, Toyota y Datsun. Lo mismo sucedió con la marca Volvo en camiones.

Hubo un cambio en el patrón de las comidas en la mesa peruana. Había restricciones para la compra de carne que solo podía hacerse quince días al mes. La promoción de productos locales tuvo muy buena acogida en el sector gastronómico. Así se impulsó más el consumo del pescado, la papa y el maíz. En paralelo, el pollo se instalaba cada vez mejor en la canasta familiar porque su costo se abarataba ante la creciente industria avícola y el uso de la harina de pescado como alimento.

El cine era un pasatiempo muy popular. Había grandes salas que podían recibir hasta 1,200 personas por función, como el cine Metro, de Lima. Velasco, por cierto, creó una junta calificadora que decidía qué películas podían ser exhibidas y definía los cortes de escenas románticas o eróticas.

La censura se dio también en la música. Fue el caso de la estrella de Woodstock Carlos Santana. Su concierto en el Estadio de San Marcos, en 1971, fue prohibido. Organizar ese espectáculo le valió una deportación al empresario Pedro Koechlin.

Velasco era un admirador de la música criolla y recurrió a este género para difundir mensajes que quería promover su gobierno. Encargó al compositor Augusto Polo Campos y a las figuras Óscar Avilés y Arturo ‘Zambo’ Cavero preparar un tema que resultó en ‘Y se llama Perú’. La experiencia se repitió con Francisco Morales Bermúdez en 1977 y así nació ‘Contigo, Perú’, con el que se festejó la clasificación a Argentina 78 y aún se mantiene como un himno popular.