Colección del Bicentenario 200 años de Economía en el Perú: Lo que nos costó la independencia

La etapa militar de la corriente independentista en el Perú comenzó en 1820, casi una década después de lo que ocurrió en los otros territorios en América, y tuvo como trasfondo los altos niveles de pobreza en el virreinato, así como los reclamos de ciudadanos y empresarios por la situación del comercio, el manejo de las finanzas y la distribución de cargos y bienes.

Cuando llega el Ejército libertador del sur, con el argentino José de San Martín a la cabeza, encontró al virreinato en bancarrota, pero también a una población que no estaba totalmente a favor de la independencia. Dudaban de que esta pudiese dar respuesta a sus reclamos financieros y de índole político, y pensaban que podía desatar mayor ambición por parte de poblaciones menos favorecidas, como la indígena, según algunos historiadores.

Las dificultades económicas del Virreinato del Perú y de sus élites en la década previa a la independencia nacional se explicaban por una situación de crisis en España y por otros factores como los problemas de recaudación del Virreinato del Perú a inicios del siglo XIX y el efecto que tuvo la creación, en 1776, del Virreinato del Río de la Plata.

En lo tributario, uno de los sucesos que tuvo mayor impacto en la recaudación fue la abolición del tributo indígena, decretada por las Cortes de Cádiz el 13 de marzo de 1811. La medida formó parte de un conjunto de reformas, entre las que se incluyeron la declaración de igualdad entre los americanos y europeos, la libertad de prensa, la libertad de las manufacturas y la abolición de la Inquisición.

Como la eliminación del tributo significaba para el virreinato la pérdida de casi un tercio de los ingresos del tesoro, no fue bien recibida por el virrey José Fernando de Abascal. Este, si bien implementó el decreto por obligación, expresó su disconformidad hacia las Cortes por medio de cartas en las que expresó su preocupación por una inminente bancarrota del Perú y señalaba que la abolición era consecuencia de “la mayor ignorancia en política o un indicio de la mala fe del gobierno que lo decretó”.

La pérdida de ingresos tributarios redujo los recursos del régimen español para mantener su dominio. Un ejemplo de la importancia de este tributo para las arcas de la administración virreinal es que de los 3'659,000 pesos recaudados entre setiembre de 1810 y el mismo mes de 1811, el tributo indígena equivalía a 1'235,781, el 33.8% del total. Esto, y el hecho de que la abolición generó que tres cuartas partes de la población del Perú no tuviesen que pagar ningún impuesto, ocasionó que Abascal convocara a una Junta General de Tribunales el 22 de noviembre de 1811, en la que participaron las principales corporaciones del Perú para establecer nuevos métodos de recaudación. El virrey logró incrementar los ingresos tributarios a partir de 1811, pero sin lograr un cambio drástico en los problemas financieros del Perú.

En 1815, se propuso cinco métodos: aumentar el precio del tabaco, transferir ingresos de la Caja de Censos de Indios al tesoro nacional, incrementar los impuestos de aduana en el puerto de Guayaquil hasta llevarlos a un nivel similar a los del Callao, distribuir tierras indígenas sujetas a futuros impuestos y crear loterías en otras intendencias a partir de la que existía en Lima. De todas, solo la primera fue implementada en un inicio, mientras que la creación de las loterías no fue tomada en cuenta. La entrega de las tierras no llegó a efectuarse.

Por otra parte, en comercio exterior, la existencia del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 por decisión de la monarquía borbónica, también fue un factor crítico para Lima y el Perú en general. Significó la pérdida de la región del Alto Perú (hoy Bolivia), abundante en minas de plata, pues fue entregada al virreinato que tenía a Buenos Aires como capital.

El impacto que tuvo ese virreinato fue lo suficientemente severo como para que incluso en 1811, más de tres décadas después de su creación, el arzobispo de Lima, Bartolomé de las Heras, explicara que el motivo de las reducidas donaciones a la guerra de la independencia española era que el virreinato era “pálido simulacro de lo que fue antes de desmembrarle las opulentas provincias que siguen hasta el Potosí”.

El Virreinato del Río de la Plata y la entrega del Alto Perú también tuvieron efecto en el comercio exterior pues impulsaron el posicionamiento de Buenos Aires como el puerto más importante de América del Sur, al ser más accesible desde todo el Atlántico. Lima perdió el poder y monopolio formal que tenía sobre el comercio marítimo y ni la reconexión con el Alto Perú, ordenada por el virrey José Fernando de Abascal y Sousa durante la guerra de la independencia española, cambió esta realidad.

Otro factor que también afectó la economía del Virreinato del Perú fue que las importaciones de bienes superaran las exportaciones peruanas (déficit comercial o balanza comercial negativa). Ello se volvió más frecuente desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, el cual también acentuó otros dos problemas: el uso masivo de las monedas de plata peruanas para el pago de las importaciones y el contrabando de distintos productos, principalmente de textiles.

Los problemas de productividad de la agricultura peruana y la manufactura, sumados al mejor posicionamiento que logró Buenos Aires, ocasionaron que, entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ingresara una gran cantidad de bienes europeos al Perú, muchos por el contrabando con Guayaquil, Chile y La Plata. A pesar de que la importación de bienes europeos debía provenir solo de España, en Lima y otras ciudades había productos ingleses y asiáticos que eran preferidos frente a los locales. Los comerciantes de Lima estaban divididos: por un lado, los que se inclinaban a mantener el proteccionismo y, por otro, los que abrazaban el libre comercio. Las disputas se agudizaron durante la gestión del virrey Joaquín de la Pezuela.

Esta tendencia en favor de las importaciones de Europa, Asia, Reino Unido y Chile y el contrabando ocasionó que el Consulado de Lima exigiera una moratoria sobre las importaciones que llegaban a Lima desde Europa y Asia y la prohibición de importar bienes a través de Buenos Aires. A pesar de que tales esfuerzos buscaban contar con suficiente circulante de uso interno y tuvieron el respaldo del virrey Abascal, esta situación persistió incluso hasta 1821.

En los años previos a la independencia, el Perú tenía problemas para contar con mano de obra barata que fuese suficiente para impulsar la agricultura, así como con limitaciones para el comercio debido a las barreras geográficas y falta de caminos para el traslado de mercancías. Esto ocasionaba que fuera más barato para ciudades como Arequipa, por ejemplo, importar bienes de Chile que comprarlos a Lima u otras ciudades del Perú, que también los producían, pero a mayor precio o con menor calidad.

El Perú dependía mucho de Chile para obtener algunos productos, como el trigo para poder hacer el pan. Cuando las importaciones fueron cortadas en 1818, durante el primer año de la independencia de ese país, Lima se vio afectada negativamente, a pesar de que los valles de Chincha, Cañete y Huaura también producían trigo. Pero el precio era muy elevado para el consumidor final debido al mal estado de los caminos y los asaltos de la época. El historiador estadounidense Timothy Anna comenta que el Perú de ese entonces era “rico en metales preciosos y pobre en alimentos”.

Los problemas de acceso al mercado chileno se mantuvieron hasta que San Martín ingresó a Lima en 1821. Y en general los problemas financieros persistieron durante la independización del Perú, incluso hasta después de la caída del virrey La Serna en Cusco, en 1824, y la derrota de las últimas fuerzas realistas en el segundo asedio al Real Felipe en 1826.

El proceso independentista también dio lugar a un enfrentamiento prolongado que ocasionó que los alimentos, caballos y bestias de carga de las haciendas fueran tomados por los ejércitos. Además, hubo destrucción parcial de tierras, afectando la productividad agrícola de las haciendas. Solamente las comunidades indígenas en valles de costa y sierra establecidas cerca de rutas comerciales o ciudades se mostraron dispuestas a abastecerlas.

A ello se sumó una serie de expropiaciones de propiedades urbanas y rurales a realistas durante el protectorado de San Martín, entre 1821 y 1822. En ese periodo se obligó a 47 comerciantes realistas a salir del país, mientras que 43 haciendas de los valles de la costa central pasaron a manos del Estado. Luego, en 1825, se permitió que los familiares de los afectados pudieran reclamarlas en tanto cedieran al Estado la quinta parte de estas. No obstante, el retiro de este grupo de comerciantes realistas fue mínimo en comparación con la salida masiva de españoles y realistas a partir de 1821, pues la mayoría de la élite peruana solo tuvo dos alternativas ante la declaración de la independencia: firmarla o abandonar el país.

Por eso, pocos días después de la proclamación de la independencia, huyeron muchos criollos realistas y españoles. Se estima que cerca de la mitad de los nobles optó por salir del Perú, así como dos tercios de los miembros del Consulado de Lima (solo 17 firmaron la Declaración de la Independencia y 43 huyeron), un quinto del cabildo eclesiástico y la mitad de la audiencia. El caos ocasionado por la salida de los comerciantes fue significativo, los negocios de españoles que reabrían podían ser confiscados. En 1824, Gaspar Rico estimó que la cantidad de españoles que habían abandonado el Perú o fallecido sumaban 12,000 personas. El argentino Bernardo de Monteagudo, ministro de Gobierno de San Martín, hostigaba a la clase empresarial española y se jactó luego de su expulsión.

En cuanto al funcionamiento del Estado, los primeros tres años fueron críticos, pero especialmente desde 1823, porque aún se encontraba seriamente afectado por la bancarrota, el divisionismo interno y la falta de liderazgo tras la salida de San Martín.

La llegada del otro libertador, Simón Bolívar, proveniente del norte, en setiembre de 1823, tampoco fue un factor que diera calma a los líderes políticos a pesar de que el ejército realista y el virrey La Serna se mantenían en la sierra, con Cusco como su capital. Tal realidad llegó a poner en riesgo la independencia, según observan los historiadores, dado que los realistas estuvieron cerca de revertir el proceso al tomar la mayoría de las provincias.

Sin embargo, la oposición y la respuesta militar de los independentistas, con Sucre a la cabeza, evitaron tal situación hasta 1826. Este contexto hace suponer la falta de compromiso de la mayoría de los líderes peruanos con la independencia, pues esta se logró en 1821 por defecto, mientras que en 1824 corrió un alto riesgo de ser revertida por los motivos ya expuestos, y en 1825 y 1826 pudo ser consolidada mediante una campaña militar. “Los peruanos nunca decidieron”, dice el historiador Anna. Otros, como el británico John Lynch, lo atribuyen a la falta de compromiso de la clase alta criolla, que estaba a la espera de la victoria del bando más fuerte para acomodarse; sin embargo, esta habría sido una situación generalizada. La última rebelión realista fue protagonizada por indios y campesinos de Iquicha (Ayacucho).

La independencia, luego de ser proclamada en 1821, implicó un periodo de enfrentamiento entre los ejércitos de los libertadores y realistas hasta 1826 y, consecuentemente, tuvo costos para el Perú. Faltó mano de obra, no había jóvenes que pudieran trabajar en el agro, minería y otras labores urbanas, pues habían sido levados por ambos bandos que, además, tuvieron bajas. Asimismo, para financiar el proceso independentista y el funcionamiento de la administración pública, el Perú accedió a financiamiento proveniente de Inglaterra mediante la suscripción de dos empréstitos.

El primero fue suscrito el 11 de octubre de 1822, en Londres, por los comisionados Juan García del Río y Diego Paroissien por 1'200,000 libras. El segundo, firmado el 21 de enero de 1825 por Juan Parish Robertson, permitió un financiamiento por 615 mil libras.

En total, la deuda asumida fue de 1'815,000 libras o aproximadamente 9'075,000 pesos. Sin embargo, el país solo hizo uso de 947,393 libras (4'736,965 pesos) del total nominal, pues el resto correspondió principalmente al pago de intereses. De esta manera, ambos financiamientos significaron el inicio de la deuda externa para el Perú.

El pago de la deuda en favor de los bonistas tomó casi tres décadas por la falta de recursos del país, la indiferencia de las autoridades y la guerra con Colombia. Una muestra del tamaño de la deuda es que, antes de este último suceso, el presidente José de La Mar le explicó al Congreso que le aterraba el peso de la deuda externa y planteó reformar la Hacienda.

Distintos personajes y autoridades peruanas en los siguientes años plantearon soluciones para el pago de la deuda y mejorar la gestión de las arcas del Estado. Manuel Pérez de Tudela planteó reunir anualmente 500,000 pesos (casi 100,000 libras) para cumplir obligaciones financieras con acreedores extranjeros. También se emitió una ley para gravar el tabaco, los juegos de azar y la brea para destinar lo recaudado al pago de la deuda, pero ello no fue suficiente para los bonistas.

En 1832, en el intento por satisfacer las expectativas de los bonistas que apuntaban a que el gobierno peruano programara una amortización de los pagos, el cónsul Belford Hinton Wilson propuso un programa de pagos para ser ejecutado entre 1833 y 1839. No obstante, ya en 1833, el cónsul se quejó de la indiferencia de las autoridades por cumplir con sus obligaciones.

La solución recién llegó parcialmente en 1842, cuando comenzaba la era del guano, y el presidente Manuel Menéndez Gorozabel planteó destinar parte de los recursos generados al pago de la deuda. Después de cambios y turbulencias políticas, y ya durante el gobierno de Ramón Castilla, en 1848, se establecieron las bases para cumplir con el pago de la deuda.

Finalmente, en 1849, Joaquín de Osma, ministro designado en Londres, reunió fondos con ese objetivo y convirtió las deudas, reemplazando los bonos e intereses por otros nuevos bonos activos y diferidos que estarían respaldados con la mitad del producto neto del guano. Así, se emitieron 1'816,000 libras en bonos activos por el principal (correspondientes a la deuda ya citada anteriormente) y otros papeles por 1'920,400 en bonos diferidos por los intereses acumulados. Es decir, el monto total ascendió a 3'736,400 libras (cerca de 20 millones de pesos). Hacía mucho que la década de 1820 había acabado, pero el ciclo que comprendía el pago de las obligaciones recién pudo ser cerrado a inicios de la década de 1850.

Nuestra moneda, llamada hoy sol, antes se llamó nuevo sol; previamente fue el inti y la precedió el sol de oro. Pero durante el virreinato, la moneda era el peso español. Este era el real de a ocho, peso fuerte o dólar español, como lo llamaron los ingleses.

Circulaba desde 1497 y, con la conquista, los españoles la trajeron consigo. Su alcance era tan amplio que los comerciantes de Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia partían al Medio Oriente con reales de a ocho para hacer sus negocios. Los mercaderes de China, India y demás territorios orientales confiaban en el escudo español.

Con la independencia, también cambió la moneda: el real peruano. Ello tuvo un importante impacto. Pasamos de usar una unidad monetaria muy sólida, como lo que sería el dólar o el euro hoy, a una moneda autónoma, sin respaldo internacional, en un país empobrecido y golpeado por la guerra independentista y las deudas que esta le significó.

Actualmente, al hablar de nuestra moneda, le llamamos informalmente ‘lucas’. En otros países hispanohablantes también. En España, en el siglo XVIII, las monedas mostraban el perfil de monarcas borbones que usaban pelucas, con lo que coloquialmente se les empezó a decir “pelucas”, lo que, al parecer, derivó en “lucas”.