Minedu instalará una comisión intersectorial integrada por varios ministerios para atender a las víctimas. (Foto: Difusión)
Minedu instalará una comisión intersectorial integrada por varios ministerios para atender a las víctimas. (Foto: Difusión)

Ante la grave y alarmante denuncia de la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, la profesora Rosemary Pioc Tena, sobre las 524 investigaciones a docentes que habrían del pueblo indígena Awajún en residencias estudiantiles de la provincia de Condorcanqui () y que además fueron contagiadas de VIH, el se pronunció al respecto.

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La cartera confirmó que durante 14 años (2010-2024) se habían presentado las acusaciones a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente y que de los denunciados, 112 fueron retirados y 4 cesados de forma temporal.

Lo más grave es que desde el junio de 2022 (el comunicado señala 2020) se incendió una de las intalaciones de la UGEL IB Condorcanqui “provocando la pérdida de expedientes, que correspondían a los procesos administrativos disciplinarios de las demás denuncias”.

En ese entonces, según manifestaron los pobladores, el hecho habría ocurrido en medio de un desacuerdo entre docentes sobre la designación de la profesora Norma Isabel Zegarra Bautista como titular de la institución. Sin embargo, ella advertió que la anterior gestión habría cometió irregularidades en la contratación de profesores, donde habrían designado a docentes sospechosos de tocamientos indebidos. Sin embargo, cuando ella llega a tomar posesión del cargo, la población tomó el local y poco después ocurrió el desastre.

El Minedu indicó en su comunicado que “implementarán medidas inmediatas de prevención y protección a las estudiantes de instituciones educativas de Condorcanqui, además de agilizar el trámite de las denuncias pendientes”.

Además, indicó que se reunirán con las comunidades awajún, a fin de brindar el apoyo y la asistencia integral que requieren las víctimas.

Asimismo, se convocará la instalación de una comisión intersectorial integrada junto con el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de la Producción, Defensoría del Pueblo y otras instituciones para priorizar la atención de las denuncias y realizando un trabajo de prevención multisectorial en toda la provincia.


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