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Amazonas: 177 denuncias contra docentes por delitos contra libertad sexual no fueron atendidas oportunamente
Según la Contraloría, el incumplimiento en la ejecución de los procesos administrativos disciplinarios dentro de los plazos establecidos, generó que prescribieran y que no se sancionen a los responsables.
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La Contraloría General de la República identificó que 177 procesos administrativos disciplinarios (PAD) contra docentes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui (161) e IBIR Imaza (16), en la región Amazonas, por denuncias sobre presuntos delitos de violación de la libertad sexual en agravio de escolares, no fueron atendidos oportunamente en concordancia con la normativa aplicable.
Según el informe de auditoría realizado a la Dirección Regional de Educación Amazonas, el incumplimiento en la ejecución de los PAD dentro de los plazos establecidos por hechos ocurridos en el periodo del 1 de enero del 2015 al 31 de julio del 2018, generó que prescribieran los procesos y que los responsables no sean sancionados.
La Contraloría General identificó la presunta responsabilidad administrativa de 22 trabajadores, de los cuales seis también tendrían responsabilidad penal. Ellos cumplían las funciones de directores e integrantes de las comisiones permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes de la UGEL Condorcanqui y UGEL IBIR Imaza.
Al dejar de ejercer oportunamente las acciones administrativas que eran de su competencia, permitieron que los docentes implicados en las denuncias continúen ejerciendo su labor pedagógica en diferentes instituciones educativas.
Según el informe de auditoría ejecutado por profesionales de la Gerencia Regional de Control de Amazonas, se pudo advertir varios aspectos relevantes que afectaron la transparencia, probidad, legalidad y normal desarrollo que deben regir los Procesos Administrativos Disciplinarios de las denuncias, así como el Servicio Educativo Público.
El informe de Auditoría de Cumplimiento N°734-2019-CG/GRAM-AC fue remitido a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General y al Órgano Instructor competente, para el inicio de las acciones legales y el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.
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