Agenda seguridad 2024: ¿Cómo recuperar los distritos secuestrados por el Tren de Aragua?

Llega 2024 y las grandes preguntas que se hace la ciudadanía son estas: ¿mejorarán los servicios de seguridad ciudadana?, ¿cuál es la agenda urgente en esta materia?, ¿qué nos espera a los peruanos en el año que se avecina?

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Son varios los desafíos que afronta el gobierno ante el embate de la delincuencia común y el crimen organizado. Las organizaciones delictivas internacionales como el Tren de Aragua se están convirtiendo en una pesadilla para los millones de connacionales.

“Los peruanos necesitamos decisión política para enfrentar el problema en sus múltiples aristas. Necesitamos liderazgo para alinear a todos los sectores en torno a una estrategia clara en tres niveles: preventivo; contra el crimen urbano violento, y contra las economías ilegales, particularmente minería ilegal y el tráfico de drogas”, sostiene el exviceministro del Interior Rubén Vargas.

“Necesitamos una gestión eficiente y honesta de los recursos en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional. Necesitamos también que desde el Congreso de la República no sigan legislando para favorecer a las economías ilegales. Necesitamos que no destruyan la figura de la colaboración eficaz, que es muy importante en la lucha contra el crimen organizado. Finalmente, necesitamos que el Poder Judicial y el Ministerio Público salgan de su realidad virtual e investiguen, y castiguen al delincuente dejando de lado criterios garantistas. ¿Cuándo van a entender que estamos en emergencia?”, añade.

AGENDA URGENTE

En esa perspectiva, Vargas considera que la agenda urgente en materia de seguridad ciudadana para el próximo año pasa por rescatar a los distritos que están secuestrados por las organizaciones criminales transnacionales, por ejemplo, San Juan de Lurigancho.

“Que los alcaldes decidan amarrarse bien los pantalones y erradiquen los mercados de objetos robados, como Las Malvinas, La Cachina, etc.”, señala.

También plantea que el ministro del Interior se anime a presentar una estrategia contra el crimen organizado. “Que el Congreso no siga legislando para favorecer a las economías ilegales. Que la Sunat decida bajarse del balcón y cumpla su responsabilidad de luchar contra el desvío de los insumos químicos tanto para las drogas como para la minería ilegal”, subraya.

Del mismo modo, recomienda que la Unidad de Inteligencia Financiera “se anime a seguir la ruta de los 8 mil millones de dólares que generan las economías ilegales, y que la Policía limpie la casa por dentro y dé mensajes claros contra la corrupción”.

SHOCK DE INVERSIONES

Para afrontar los temas que son de su competencia, la Policía Nacional necesita recursos económicos. El exministro Vargas advierte que la institución está abandonada y que desde hace mucho tiempo tendría que haberse declarado en emergencia.

Advierte que las partidas presupuestales tienen que guardar relación directa con la emergencia que vive el país. “Si no programamos un shock de inversiones para mejorar la logística de la Policía Nacional, no pretendamos pedirle resultados favorables”, precisa.

No obstante, Vargas indica que en las actuales circunstancias “el Gobierno es parte del problema”. “Lo único que nos ofrecen es firmar absurdos decretos supremos declarando estados de emergencia. Sigue a la deriva sin ningún horizonte. Ha sido incapaz de elaborar una estrategia para frenar el avance del crimen y, como consecuencia, tenemos a muchos distritos secuestrados por organizaciones criminales”, subraya.

En ese marco, sostiene que una de las características de la actual crisis de inseguridad que vivimos es la presencia de organizaciones criminales transnacionales controlando territorios amplios a nivel nacional. “No solo es el Tren de Aragua; también están el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital de Brasil y los Tiguerones de Ecuador. Todas estas organizaciones están poniendo en jaque al gobierno, no hay nada que indique que en 2024 mejorará esta situación. Al contrario, estas estructuras criminales van a seguir avanzando y fortaleciéndose más”, dice.

FALTAN POLICÍAS

El exministro del Interior recuerda que Naciones Unidas recomienda un policía por cada 300 habitantes. “Tenemos 133,880 policías; si lo dividimos entre 33 millones de peruanos, sale que tenemos un policía por cada 246 habitantes”, anotó.

Ante ese escenario, sugirió considerar a los miles de serenos que también participan en los niveles preventivos y de auxilio rápido en temas de seguridad.

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Si se sigue actuando contra la criminalidad con la misma actitud inercial de 2023, es obvio que la criminalidad continuará consolidándose, al igual que las diversas economías criminales que movilizan más de 7 mil millones de dólares al año, por encima del presupuesto asignado a los sectores Justicia, Defensa e Interior.

Esto nos lleva al primer punto de la agenda 2024. Contar con un presupuesto suficiente (y ejecución eficiente y razonable) para enfrentar la inseguridad desde todos los niveles de gobierno: nacional, regional y local. Si no se cuenta con presupuesto, toca tomar medidas gerenciales para recolocar los fondos disponibles e implementar nuevas estrategias para atender las demandas más urgentes.

Entre estas, mencionaré dos retos cruciales como segundo y tercer punto de agenda: el control territorial y la investigación criminal.

El control territorial supone el acopio de información sobre cómo se plasma la criminalidad en la calle y el análisis de la misma, con la participación de los responsables políticos y operativos presentes en los Consejos de Seguridad Ciudadana. Las decisiones implican el monitoreo de indicadores y la distribución inteligente del personal, vehículos, tecnología y comunicación disponible, para vigilar y actuar contra la delincuencia sin darles respiro alguno, en el territorio donde opera con más frecuencia.

La investigación criminal implica mayormente trabajo policial. Supone invertir en inteligencia humana y tecnológica, potenciar la ciencia criminalística, profundizar la especialización del personal y seleccionar a los efectivos más idóneos para liderar o conformar equipos con objetivos y metas claras. La División para Delitos de Alta Complejidad (Diviac) es un ejemplo a seguir, pero en otras escalas.

Lamentablemente, sin investigación, el control territorial es ciego. La investigación criminal es la que aporta dónde, cuándo, cómo y a quién capturar con la solvencia suficiente para procesar al delincuente. En ese sentido, las unidades territoriales más pequeñas de investigación criminal (Departamento de Investigación Criminal-Depincri), que también investigan la criminalidad común, se encuentran en el olvido y es un grave error no repotenciarlas.

Fortaleciendo el control territorial y la investigación criminal podremos ser efectivos contra cualquier tipo de delincuencia, nacional o extranjera, sin importar la partida de nacimiento del delincuente.

Como cuarto punto de agenda, se requiere una honesta y decidida voluntad política al más alto nivel que llame a la concertación de esfuerzos, pues la inseguridad es un problema sistémico que supone la coordinación e intervención de todo el Estado y el compromiso de la ciudadanía. Solo así se podrán combatir las economías criminales que, como la minería ilegal, la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, y el contrabando entre otras actividades ilícitas, vienen controlando varias zonas del país y financiando parte de la actual delincuencia urbana.

DATOS:

·68,660 requisitoriados fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional durante el presente año en todo el territorio nacional.

·181 organizaciones criminales y 11,598 bandas criminales en todo el país, desarticuló la Policía Nacional entre el 7 de diciembre de 2022 y el 7 de diciembre de 2023.

·6,806 armas de fuego fueron incautadas en diversos operativos.

·780 agentes policiales perdieron la vida durante la pandemia del COVID-19

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