El reciente fallo del Poder Judicial que ordena, nuevamente, la reposición de dos miembros de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, pese a que había una decisión del Tribunal Constitucional que confirmaba su inhabilitación para el cargo, ha generado cuestionamientos válidos en diversos sectores.
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La percepción general, en todo caso, es la misma: el país vive un desorden institucional en el que cada instancia o poder del Estado desafía las decisiones del otro cuando le viene en gana. El resultado, por desgracia, es que la credibilidad de la democracia peruana se debilita conforme el equilibrio de poderes se ve mellado por disputas o contradicciones que no permiten avanzar, ni siquiera en la administración de justicia.
Lo vemos entre los fiscales y las fuerzas policiales, entre el Congreso y el Ejecutivo, entre el Gobierno y la Diviac, entre determinados parlamentarios y el Ministerio Público, enfrentamientos, intercambio de pullas o acusaciones directas, cada uno intentando denigrar al que en ese momento se enfrenta, cuestionando al vecino, basados en interpretaciones a veces antojadizas de las normas que definen sus competencias. Y alargando, de paso, decisiones ya zanjadas por las entidades de dirimir controversias como estas.
Hablamos por supuesto del Tribunal Constitucional que, como se sabe, y nos gusten o no sus fallos, es el intérprete máximo de aquello que en el Perú se puede acoger a los términos de nuestra Carta Magna. Que sus decisiones sean anuladas por el Poder Judicial, en este caso por dos de los tres jueces de una sala, no dice nada positivo de la seguridad jurídica ni de la predictibilidad necesarias tanto para los ciudadanos como para los inversionistas.
Un conflicto de autoridades y competencias que grafica, una vez, más la situación de desgobierno en que nos encontramos, con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en mínimos históricos de credibilidad y aprobación ciudadana, como lo demuestran las encuestas. Porque con tantas idas y venidas de casos o disputas entre órganos que constituyen el fundamento del Estado de derecho, el daño que se hace a la institucionalidad de la democracia peruana se reflejará tarde o temprano en la economía de los ciudadanos.
Y lo peor que le puede pasar a un país que busca salir del atolladero, devolverles la seguridad a sus ciudadanos y atraer inversiones que devuelvan al Perú a la senda del crecimiento, es que su sistema de justicia se siga politizando.
Estos enfrentamientos estériles entre instituciones del Estado deben terminar hoy mismo.