En Lince, un barrio céntrico que suele ser tranquilo, un local se convierte en trinchera de delincuentes que impiden una orden judicial de desalojo. Un grupo de encapuchados y enmascarados prende una fogata y exhibe balones de gas como armas de combate. Están allí pagados por una de las partes en conflicto; una práctica extendida en los desalojos, solo que esta vez los matones a sueldo actúan con total impunidad: arrojan sillas a los vehículos que transitan por la concurrida avenida Petit Thouars, lanzan piedras a los peatones que cruzan circunstancialmente frente al inmueble mientras la Policía observa el vandalismo sin intervenir.
Este hecho —más allá de la legalidad del desalojo tras una disputa judicial por el inmueble entre una madre y sus hijos— llama la atención por la incomprensible pasividad de la Policía frente a un acto vandálico trasmitido en vivo y en directo por la radio y televisión.
Los agentes que superaban en número a los vándalos y contaban con el equipo necesario para controlar la situación, incluso haciendo uso de la fuerza que la ley autoriza, optaron por no intervenir a pesar de que los hechos permitían detener a los violentos que estaban en situación de flagrancia, como se desprende del artículo 259 del Código Penal.
Solo en Lima se registran cerca de 120 desalojos forzosos al mes y, a nivel nacional, superan los mil casos, según cifras del Poder Judicial. Si bien existe el derecho a defender la posesión de un inmueble cuando hay hechos justificados (Art. 920 del Código Civil), ninguna norma permite contratar matones para la defensa posesoria. En el desalojo en Lince, un abogado, sin miedo ni respeto a la autoridad, alcanzaba, desde la calle, comida y agua a los encapuchados. Esa sola actitud de confabularse con los delincuentes pudo conllevar una detención en flagrancia, pero los efectivos policiales optaron por ser observadores.
El episodio muestra que se ha perdido el principio de autoridad y es alarmante que la Policía no actúe en momentos críticos. Los vándalos no fueron detenidos y se quedaron atrincherados en el inmueble a pesar de que el rol de la Policía es mantener el orden y proteger a los ciudadanos. La inacción frente a un hecho de violencia ocurrido en una de las principales avenidas de Lima incrementa el temor de la población frente a la inseguridad que sigue creciendo.
En conclusión, ¿la inacción policial durante el desalojo en Lince es un grave error que sienta precedente y favorece a la delincuencia? ¿O es parte de las decisiones de un gobierno que parece no querer enfrentar la ola delincuencial? Mientras los vándalos actuaban, el ministro del Interior estaba ocupado en inscribirse en un partido político con miras a las próximas elecciones.
Una metáfora musical afirma que las calles son una selva de cemento. Lo inadmisible es que nuestras autoridades estén permitiendo que se instale la ley de la selva.
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