Un estado ineficiente que niega el derecho al agua

No podemos quedarnos callados ante un Estado ineficiente que atenta contra el derecho constitucional de los peruanos de acceder al agua potable. Son 3.5 millones de peruanos que no cuentan con agua y saneamiento. En el ámbito urbano, el 19.4%, 19.1%, 15.7% y 13.9% de la población de Loreto, Ucayali, Tumbes y Puno, respectivamente, no tiene acceso a una red pública de agua. Y, en el ámbito rural, las cifras son alarmantes. Un 66.1%, 44.5% y 37.5% de la población rural de Loreto, Ucayali y Pasco, respectivamente, carecen de este derecho fundamental.

Se tiene el caso de Máncora, que ha estado meses sin agua por problemas con un pozo que es responsabilidad de la empresa prestadora de servicio de saneamiento (EPS) Grau. Esta empresa municipal, según Sunass, es de las peores en su manejo financiero.

A pesar de esta situación crítica, el Estado no hace nada para el cierre de brechas. En los últimos años, la inversión pública en agua y saneamiento ha sido de cerca del 60% de su presupuesto. ¡Hay recursos, pero no se invierten en obras para la población!

Peor aún, hace poco el Congreso aprobó la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, proyecto promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Esta asegura que, en cuatro años, el 100% de la población que no tiene acceso al agua lo tendrá a través de pilones, reservorios, cisternas, etc., a precios subsidiados. En lugar de tener un plan eficiente y urgente de inversión pública para tender redes de tuberías de agua, prefieren hacerlo por medio de camiones. El camino fácil.

Queda claro que el Estado es incapaz de ejecutar las inversiones. A pesar de ello, el Congreso promueve proyectos de ley que buscan eliminar la posibilidad de la modalidad de colaboración público-privada transitoria en los servicios de agua potable y saneamiento. No soy capaz de darte agua, pero tampoco quiero que el privado me apoye para dártela.En el Perú hay 50 EPS, la mayoría públicas y de propiedad municipal. Sedapal es la única de propiedad del gobierno nacional. En el caso de esta última, dos de sus plantas de tratamiento de aguas, Taboada y La Chira, se encuentran a cargo de empresas privadas.

El Congreso no puede impedir que el sector privado apoye de manera transitoria a la población, mientras que las EPS resuelven su situación económica y mejoran sus capacidades. Esperemos que estos proyectos de ley sean archivados.

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