No vamos a parar en denunciar cada una de las tropelías y abusos de poder que comete el Congreso, en una clara agresión al sistema democrático y el Estado de derecho, al imponernos leyes inconstitucionales, y lo más grave, direccionadas para beneficio propio o de grupo, en el caso de los partidos políticos que están representados en este Congreso.

Para zanjar con los pretextos que inventan y elucubran para tratar de evitar la crítica, sobre todo cuando el que opina es un político y excongresista, como es mi caso, hay que tener cuidado con sus supuestas justificaciones, que, en realidad, buscan un supuesto espíritu de cuerpo por haber sido parlamentario o porque dizque se ataca a la majestad del Congreso. Nos dicen que es nuestra institución y que ahora somos golpistas y malagradecidos.

Para aclarar, la crítica es a los congresistas del presente periodo parlamentario, no a la institución del Congreso, que, más bien, es en su defensa que salimos vehementes y con la voz en alto a denunciar a los ‘mochasueldos’, a los ‘Niños’ y traficantes que tenemos hoy de congresistas, que más parecen delincuentes y que en realidad son estos impresentables los que descalifican la labor encomiable de un parlamentario, denigrando inclusive la función congresal, basada en el servicio a la sociedad.

Y cómo no vamos a indignarnos si cada semana se salen con las suyas, promoviendo justamente leyes inconstitucionales, que favorecen la impunidad. El mejor ejemplo ha sido esta ley que modifica el Código Penal, respecto a la responsabilidad penal que tienen los partidos políticos en los delitos cometidos por sus dirigentes y candidatos, como todo tercero civilmente responsable, que cimienta el principio de la responsabilidad compartido en los delitos donde hay una persona jurídica, como un partido político.

Para ayer, justamente, los abogados de Podemos Perú presentaron una apelación para liberar al partido político e inclusive a la Universidad Telesup, de todo escándalo de corrupción en la inscripción de su partido y las firmas falsas. Recordemos que ahí está la sindicada organización criminal “Los Gánsters de la Política”, presuntamente encabezada por el congresista Luna Gálvez y uno de los entusiastas de la dichosa ley que los exime de delitos a los partidos políticos. Es evidente el conflicto de intereses y la instrumentalización del Congreso en este tinglado de impunidad, hecho a vista y paciencia de todos los peruanos, para nuestra desgracia.