Las últimas horas del fiscal

El proyecto de ley del gobierno, que busca reformar el Ministerio Público, merece atención urgente en fondo más que en forma. El espíritu de la norma reviste una clamorosa transformación: sacar a la Fiscalía de una crisis vista solo en el montesinismo y devolverle la legitimidad perdida. Su desarrollo, más bien, tuvo como acicate una situación de emergencia en la que dos valientes fiscales fueron apartados de la investigación más grande y compleja del siglo XXI peruano.

Con Rafael Vela y José Domingo Pérez repuestos, no es que todo volvió a la normalidad. Las fechas del acuerdo con Odebrecht y los interrogatorios a los ejecutivos brasileños se han pospuesto, quizá, hasta febrero. La torpe maniobra del aún fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha dejado secuelas. Su sola permanencia en el cargo es, en sí misma, una afrenta y un grave peligro a la lucha contra toda esa corrupción que el país entero quiere ver procesada y sentenciada.

Los trascendidos de la reunión que el viernes sostuvo la Junta de Fiscales Supremos develan a un Chávarry temeroso y mendaz. Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos le exigieron que renuncie; hasta sus incondicionales Gálvez y Rodríguez le pidieron reflexión. Chávarry les habría dicho que antes debe arreglar unos asuntos en el Congreso. ¿A qué apremios se referirá? ¿A las cinco denuncias aguantadas por Fuerza Popular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Las causas de la distanasia son deducibles y se sabrán pronto. Pero no son pretexto para una autonomía escrita en piedra y, con ello, Los Cuellos Blancos aleteen aún en la Fiscalía. La ley se debe aprobar, pero con los demás fiscales supremos y adjuntos; se debe elegir a un fiscal de la Nación que supere al señor que se atrinchera en su oficina pues sabe que, más temprano que tarde, será procesado.