La necesidad de una reforma política que mejore la gobernabilidad y reduzca la polarización es ampliamente reconocida por muchos analistas. Recientemente, se aprobó la creación de un Senado como una cámara reflexiva adicional en el proceso legislativo, así como la reelección de congresistas para asegurar una representación con experiencia. Otras propuestas, como la eliminación del voto preferencial para fortalecer a los partidos políticos, la creación de distritos uninominales para mejorar la representación de los electores, permitir que las empresas formales puedan aportar a las campañas electorales y no incrementar la valla electoral en caso de alianzas, siguen en discusión. Estas y otras reformas buscan corregir problemas estructurales del sistema.
No obstante, antes de implementar cualquier reforma, es crucial someterlas a tres pruebas esenciales. La primera consiste en evaluar si promueven la colaboración o, por el contrario, fomentan el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La segunda es analizar si el sistema electoral incentiva la consolidación o la fragmentación de los partidos políticos. La tercera prueba, igualmente importante, es determinar si el sistema de partidos fomenta la estabilidad o genera volatilidad. El objetivo debe ser lograr un sistema que incentive la colaboración entre poderes, promueva la estabilidad política y reduzca la fragmentación.
El sistema político actual presenta defectos de diseño que dificultan la gobernabilidad y han contribuido a una crisis democrática, con impactos no solo en lo político, sino también en lo económico y en la seguridad. La pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones refleja una percepción generalizada de que el Estado no cumple con su deber de proporcionar los servicios básicos que la población necesita.
Un sistema político eficiente nos permitiría enfocarnos en asuntos fundamentales, como el crecimiento económico y la creación de empleos. Este crecimiento, a su vez, debe estar acompañado de políticas gubernamentales que aseguren que los recursos generados lleguen a la mayor parte de la población en forma de servicios esenciales: salud, pensiones, educación, agua, electricidad, seguridad ciudadana e infraestructura. Para lograr esto, es esencial combatir la corrupción y evitar la pérdida de esos recursos.
En resumen, las reformas políticas son necesarias y deben estar orientadas a fomentar la colaboración entre los poderes del Estado, reducir la polarización y la fragmentación del sistema político, generar confianza en las instituciones y evitar que prosperen iniciativas populistas que pongan en riesgo el bienestar a largo plazo de la mayoría de los peruanos.
