Trabajemos por la educación pública

La crisis sanitaria y económica ocasionó un importante traslado de estudiantes a colegios públicos durante el 2020 y una deserción en la educación superior. Muchas escuelas han cerrado sus puertas de manera definitiva y otras siguen luchando por sobrevivir a esta difícil situación. Este 2021 se ha iniciado un proceso de recuperación en la matrícula escolar y en la educación superior; sin embargo, en el Congreso de la República insisten en discutir proyectos de ley que se originaron a principios de la pandemia, cuando hoy la situación es distinta.

Las propuestas normativas plantean el control de precios a las pensiones, medida que -además de inconstitucional- no considera que muchos colegios han reajustado sus pensiones y reducido sus costos operativos. Por otro lado, se pretende definir la estructura de costos de los centros de educación básica sin considerar conceptos que los colegios están obligados a pagar.

Hoy los padres de familia, en el caso de la educación básica, conocen la estructura de costos de los colegios donde estudian sus hijos, han podido elegir y muchos han decido continuar en ellos. Por todo esto, los proyectos de ley en mención están desfasados y no son necesarios.

Lo que necesita nuestro país es que se legisle para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, empezando por la educación pública, que, en el caso de la educación básica, mantiene al 75% de estudiantes, mientras que, en la superior, al 40%. La educación pública no es gratuita, nos cuesta a todos los peruanos, por lo que deberíamos exigir a las autoridades que trabajen para dar soluciones viables al sector que concentra a la mayor cantidad de alumnos de nuestro país y en el que más impacto positivo podemos generar para nuestro querido Perú.