Un hecho que no ha pasado desapercibido por la ciudadanía ni por los medios de comunicación, dado lo delicado del tema, es el eventual preludio de un régimen político totalitario, que de acuerdo con el Diccionario Panhispánico del español jurídico, en pocas palabras, el totalitarismo se caracteriza por la reducción o eliminación de la democracia, con la intervención del Estado en el ejercicio de las libertades políticas, especialmente de opinión, prensa, etcétera.
Esto viene a cuenta a propósito de los actos oficiales en conmemoración del Combate de Angamos del 8 de octubre, en donde la presidenta del Perú, Dina Boluarte, dio lectura marcial a un discurso en el que adujo que “también se lucha contra una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, de los fake news o noticias falsas, creadas para hacer terrorismo de imagen, a través de las redes sociales y crear inestabilidad”, para luego invocar a los peruanos e instituciones fundamentales del Estado a actuar con decisión.
¿Qué quiso decir con aquello de actuar con decisión? Llama a suspicacia lo dicho por la mandataria, máxime porque no solo quedó en el discurso, sino que desembocó en una nota de prensa de la Presidencia de la República; su contenido, por ende, es de la más alta oficialidad.
Ninguna autoridad da puntada sin hilo. Es legítimo leer entre líneas el citado discurso y que se enciendan las alertas de la sociedad civil organizada e instituciones que defienden la libertad de expresión y de opinión, de recibir informaciones y opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión, de conformidad con el artículo 19.° de Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, del cual el Perú es Estado Parte. Por lo pronto, ya lo hizo la Asociación Nacional de Periodistas – ANP, rechazando tales expresiones y advirtiendo de la intención del Ejecutivo de legislar para criminalizar la práctica periodística; de seguro otros gremios se sumarán en el mismo sentido y ojalá lo hagan también los partidos de reconocido talante democrático con representación en el Congreso. Los ciudadanos debemos declararnos en estado de alerta permanente a que una iniciativa legislativa así se promueva y vea la luz, en abierta contravención de derechos fundamentales recogidos también por nuestra Constitución política.
Hago votos porque todo esto no sea más que una catarsis de la jefa de Estado y no caiga en la tentación de un enfoque totalitario de lo que resta de su gestión. Los ministros, en el acto, llegado el caso, deberán renunciar irrevocablemente para deslindar responsabilidades. Además, no hay que olvidar que el dañar honras y el buen nombre, por efecto de calumnias, ya está tipificado como delito de difamación en el Código Penal, la que en su modalidad agravada puede sancionarse hasta con tres años de prisión efectiva.
VIDEO RECOMENDADO
