Tasa de subempleo asciende a 52.7%. (USI)
Tasa de subempleo asciende a 52.7%. (USI)

En abril, el informe mensual del INEI dio una sorpresa poco grata: entre enero y marzo, el desempleo en Lima Metropolitana había afectado al 8.1% de la población económicamente activa (PEA). Fue la tasa trimestral más alta en seis años, desde mayo de 2012, y se tradujo en 420,900 personas que buscaban empleo.

El reporte de mayo reveló que la tasa entre febrero y abril había bajado a 7.3% y los desempleados a 383,600. Sin embargo, el subempleo, entendido como trabajo a tiempo no completo o con una remuneración menor al sueldo mínimo, subió 1.6%. Esta variación no es tan alta como el 9.3% de crecimiento anual del subempleo de 2017, que afectó a 5’139,000 personas, pero nos recuerda que es necesario reducir este fenómeno y no ver cómo se eleva.

Los intentos de los gobiernos de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski por fomentar el empleo y reducir el subempleo se orientaron, en general, a flexibilizar el marco legal laboral para dar más facilidades de contratación de personal al sector privado. Un ejemplo podría ser la denominada ‘Ley Pulpín’ (2015), que tras cinco marchas fue retirada por impopular.

Otra norma, pero que no llegó a aprobarse, fue la apodada ‘Ley del Esclavo Juvenil’ de Fuerza Popular (2018), que planteaba que estudiantes de carreras técnicas laboren de forma voluntaria por hasta tres años, sin remuneración y en jornadas máximas de 20 horas semanales. Que ambos casos estén entre los más recordados, además de las dos alzas del sueldo mínimo, revela cuán ausente está el debate de una reforma laboral que ataque el desempleo y subempleo.

Ahora, el gobierno de Martín Vizcarra, al pedir las facultades legislativas al Congreso, ha planteado extender el Régimen Agrario a los sectores acuícola, forestal y de fauna silvestre, además de prolongarlo por 21 años. Hay posiciones a favor y en contra, pero otra vez resalta una medida y no el paquete, una acción, pero no una reforma.

Las nuevas medidas, cambios en regímenes y reestructuraciones en organismos como el CNT están a la espera de las facultades. Si el Congreso las da, será deber del Gobierno demostrar si esta vez trata y comunica sus iniciativas como parte de una reforma o solo como aparentes acciones milagrosas.

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