La flamante presidenta del Tribunal Supremo español, primera mujer en 200 años de historia que accede al cargo, reivindicó en su primer discurso el papel de la mujer en la judicatura.
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La presidenta centró su discurso en dos ideas esenciales. La primera —obvia—, “ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces“. La segunda muy clara: Hay que poner fin a esa línea minoritaria de mujeres en altos cargos judiciales, pese a ser mayoría en el conjunto de jueces españoles.
Mientras la escuchaba, pensaba que no es que las mujeres seamos menos ambiciosas que nuestros colegas varones. Y, por supuesto, tampoco es que estemos menos preparadas que ellos, pero cierto es que cuando empezamos a ascender en la carrera judicial es cuando empezamos a forjar nuestras familias. Suele coincidir la crianza de los hijos con lo mejor de nuestro desarrollo intelectual y profesional. Dejar casa y familia, para ceder a la ambición profesional, es dilema muy complejo para todos, pero especialmente (y lamentablemente todavía) para las
mujeres.
Estaba yo en estas reflexiones, cuando me llega la última noticia protagonizada por López Obrador. Los jueces mexicanos se nombrarán por elección popular. No contará la formación; ni el saber hacer, o la probidad. Solo votos. No hace falta tener mucha imaginación para saber quiénes se presentarán al cargo de juez. Desde luego, escasas mujeres, para quienes ello será sinónimo de poner en riesgo su vida y la de su familia.
Lástima que la presidenta de México no haya tenido perspectiva de género para valorar la barbaridad de su ya predecesor. Y para que, en lugar de hablar de sandeces, no haya prometido abolir tan desafortunada norma.
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