(AFP)
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Lawfare es el término que soliviantó a jueces y fiscales españoles, una vez conocidos los términos del acuerdo que “regaló” el gobierno a.

Es un concepto nuevo aunque responde a viejas inquietudes: las de los políticos frente a un poder judicial independiente.

De ahí que su contexto sea el de una (supuesta) guerra jurídica, materializada en el uso abusivo de las instancias judiciales para resolver actitudes políticas llámense estas: corrupción, prevaricación o tráfico de influencias.

Y digo que es “supuesta” guerra jurídica porque solo existe en la imaginación de los políticos. O en el complejo de inferioridad que, en ocasiones, les atenaza. Porque quisieran, como el Poder Judicial, tener la “última palabra”. Lo que no es posible.

Los políticos, les guste o no, no poseen la última palabra. Esta es de los jueces, quienes a su vez son (o deberían ser) la boca por la que habla la Ley.

En el mundo real que estamos viviendo sucede que aparece un presidente de Gobierno como el señor Sánchez, y sin que se le caigan los anillos, espeta: “Hay jueces que prevarican para atacar al Gobierno”. A esos jueces y fiscales, en su mentalidad patológica, y con el lawfare en la mano, hay que llamarlos a capítulo: Exigirles que se rindan ante los políticos; y que reconozcan su culpa. Muy bonito. Muy poco institucional. Nada respetuoso del principio de división de poderes.

Esto es lo mismo que pretender, por la vía de los hechos que las investigaciones de jueces y fiscales, por no convenir a determinado “stablishment”, les sean arrancadas torticeramente, por el procedimiento de acusarlos Dios sabe de qué y, de paso, lograr lo que buscan: su impunidad.

Hay remedio para esta sinrazón. Lo malo es que depende (ella sí) de la voluntad política.


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