El objetivo de asignar un nombre oficial es que todas las instituciones del Estado reconozcan y promocionen los temas que marcan la agenda del país. (Foto: Andina)
El objetivo de asignar un nombre oficial es que todas las instituciones del Estado reconozcan y promocionen los temas que marcan la agenda del país. (Foto: Andina)

Ayn Rand, rusa, soviética y, finalmente, norteamericana (1905–1982), defensora del capitalismo laissez faire y madre del «objetivismo» lanzó, en 1950, la condenación más certera de nuestro tiempo:

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

La decadencia del Perú a partir de 2001, debido al excesivo intervencionismo del Gobierno, nos hace sentir ya esa condena. No esperaremos la autopsia al Perú para advertir los inicios de esa destrucción económica sin encender, señores de Gobierno, las luces de emergencia.

¿Qué duda cabe? El sistema se hunde bajo el peso del cada vez más opresivo intervencionismo estatal.

En los 70 y 80 alcanzamos la cúspide y meseta de imbecilidad, populismo, inflación e irresponsabilidad. En los 90 se logró, parcialmente, simplificar, desregular y hacer del gobierno algo ligero y ágil. En lo que va del siglo XXI volvemos a enfrascarnos en hiperregulación, sacrificios de reglas por excepciones y creación y multiplicación de entidades estatales.

Si como datos simples sumamos a ello que la planilla estatal creció en 57,000 personas en el gobierno de Vizcarra y que habrá 8,885 reincorporaciones en 2019, tenemos caldo de cultivo perfecto de opresión estatal y rumbo seguro a la condena de Rand.

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