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La seguridad es un derecho de todos los peruanos, la Constitución Política del Perú señala que la paz es un derecho fundamental. Sin embargo, el crimen, la violencia y la inseguridad ciudadana quiebran este derecho a vivir en paz sometiéndonos al temor de ser asaltados en las calles o interrumpiendo nuestros proyectos de vida cuando se llega al homicidio.
La inseguridad también tiene implicancias desde el lado económico, ya que por la fuerte inversión en seguridad que deben hacer las empresas los bienes se encarecen.
Entonces: ¿Quién debe garantizar este derecho fundamental a la paz? La respuesta es el Estado, y debe hacerlo a las personas individualmente y a las comunidades.
Afirmamos que la seguridad es un servicio público y garantizarla es función de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a sus competencias, desde sus programas preventivos de proyección comunitaria y desde sus unidades operativas. Pero, en mi opinión, es central el trabajo de inteligencia, pues la investigación, el seguimiento y la infiltración permite anticiparse a los hechos delictivos.
La inteligencia es fundamental y la Policía ha hecho trabajos extraordinarios desarticulando organizaciones criminales y bandas que tienen en zozobra a las personas y comunidades. En un rol más bien complementario y disuasivo se encuentra el serenazgo y también la comunidad organizada que trabaja unida en defensa de sus barrios.
La responsabilidad es del Estado y nunca debe retroceder en ella.
Disclaimer: Quien escribe esta columna es candidata al Congreso de la República por el Partido Morado.
