La renuncia de gran parte de los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha resonado en muchos de nosotros. Provoca sumarnos y renunciar también, aunque no seamos miembros, para expresar la frustración y el desacuerdo que tenemos frente a las acciones del Congreso.
Se suponía que los congresistas iban servir al país, no a servirse de él. Iban a liderar la reforma electoral de cara a las elecciones del 2021 y la reforma política para desincentivar la corrupción, los intereses personales y las prácticas poco transparentes.
Pienso que este Congreso es un riesgo moral, o como se le dice en inglés, moral hazard. Este concepto económico se refiere al riesgo que se genera en un contrato cuando una de las partes no lo celebra de buena fe, da información engañosa o falsa y toma altos riesgos que sabe que los pagará su contraparte.
¿Cuánto estamos pagando por el riesgo moral del Congreso? Pues, el informe de la agencia calificadora de riesgo, Moody’s, de junio, es un buen proxy para responder la pregunta. El factor de fortaleza de instituciones y gobierno (uno de los cuatro factores analizados) representa la restricción clave en el perfil crediticio del Perú.
La agencia resalta una dicotomía entre las instituciones de formulación de políticas económicas muy fuertes e instituciones políticas muy débiles. Tenemos muy bajos puntajes en los indicadores de gobernanza mundial como efectividad del gobierno, estado de derecho, control de corrupción, rendición de cuentas, calidad regulatoria y estabilidad política (esto incluye los enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo).
Los peruanos no podemos renunciar a este Congreso, pero los políticos sí pueden renunciar a seguir siendo un riesgo para el país.