La noticia ha corrido a velocidad casi olímpica. La agencia S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de largo plazo en moneda extranjera de Perú, de BBB a BBB-, dejando al país a un paso de perder el “grado de inversión”.
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El detonante ha sido el complejo panorama político del país, que podría persistir en el periodo previo a las próximas elecciones presidenciales. Esto, a su vez, señala la agencia, limita la capacidad del Gobierno para aplicar políticas más oportunas que impulsen la inversión y las expectativas de crecimiento económico. “La persistente incertidumbre política supone un costo de oportunidad para el crecimiento, a pesar de los precios favorables del cobre”, manifiesta.
La situación es de suma gravedad, pues de seguir deteriorándose implicaría un mayor costo de los créditos para los ciudadanos y tasas más altas para la colocación de bonos.
Al comentar el tema, el ministro de Economía, José Arista, ha puesto sobre el tapete una de las posibles causas: la debilidad del Gobierno que genera una falta de equilibrio político con el Poder Legislativo. Dijo Arista que el Gobierno no tiene “la fuerza suficiente” en el Congreso para generar un balance político, pues “no tiene ni un parlamentario” que lo represente en el hemiciclo, dado que Perú Libre, el partido al que pertenecía Boluarte, se puso en contra de ella al asumir la Presidencia, tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.
Sin embargo, esa es solo una pata del problema, pues nadie ignora que desde el Congreso se han generado escenarios adversos a la inversión y la estabilidad de la economía, con leyes promovidas por intereses particulares y otras de un populismo irresponsable, como por ejemplo aquella que perfora los fondos de pensiones.
El otro gran drama es el que se vive en el Ejecutivo, con una presidenta que en los últimos meses se dedicó principalmente a defenderse de las acusaciones en su contra y que ayer mismo, desde su burbuja, confrontó a su ministro de Economía al sostener que su gobierno no es débil. En esa ruta distractiva, viene dejando de lado el impulso a los grandes proyectos productivos y acciones contra la delincuencia, dos de los grandes problemas que aquejan a los peruanos.
Es preocupante lo que ocurre, pues de persistir este entrampe, esta disociación entre los poderes del Estado y las necesidades del país, lo de S&P podría determinar una reacción en cadena entre las entidades financieras internacionales. Y con ello el camino de la recuperación económica del Perú se pondría más difícil aún.