Se sacan la careta

La segunda votación en el Congreso del proyecto de ley que impide que los sentenciados por delito de terrorismo y/o apología del terrorismo trabajen en la administración pública puso en evidencia, nuevamente, el juego de verdades a medias y el doble rasero con que actúa un sector de la izquierda cuando se discute el espinoso tema (para ellos) de la subversión.

La noche del jueves, el Frente Amplio ratificó su postura condescendiente con quienes, décadas atrás, pretendieron destruir al país a punta de coches bomba, secuestros, torturas, asesinatos, sangre y terror.

De sus diez integrantes, solo seis estuvieron presentes cuando el Pleno del Parlamento votó la norma que establece como requisito para trabajar en el sector público el no tener condena por terrorismo. Paradójicamente, la norma en cuestión cobró interés esta misma semana luego de que se conociera que María Elena Foronda, la vocera alterna del Frente Amplio, había contratado en su despacho a una condenada por terrorismo que administró las llamadas ‘cárceles del pueblo’.

A raíz de este escandaloso hecho y confrontada por su ausencia en la primera votación, Foronda aseguró que esta vez votaría a favor. Pero no, se ausentó otra vez. Oficialmente por licencia por enfermedad que no hizo efectiva sino hasta después del mediodía y solo después de participar en conferencia de su bancada y más tarde, brevemente, en el Pleno.

Lo mismo ocurrió con Justiniano Apaza. Igual que Foronda, justificó su ausencia alegando enfermedad y, por lo tanto, no le descontarán el sueldo. Ello a pesar de que el propio legislador ha reconocido que estuvo en una actividad de la CGTP y no guardando reposo como, suponemos, correspondería a una persona enferma. Arguye que su prioridad eran los trabajadores. Lo cierto es que eso lo exoneró de asistir al Pleno; tampoco lo hicieron Jorge Castro y Edilberto Curro.

Solo Marco Arana y Wilbert Rozas apoyaron la norma. Rogelio Tucto, Humberto Morales, Zacarías Lapa y Hernando Cevallos se opusieron. Nada de eso sorprende. Menos si recordamos que Tucto pidió indulto para el genocida Abimael Guzmán o que Foronda reclamó por la carcelería “arbitraria” del cabecilla emerretista Víctor Polay. No pues, no sorprende, pero sí indigna. Ojalá la ciudadanía lo recuerde en las próximas elecciones.