En las elecciones mexicanas del domingo pasado participaron tres candidatos presidenciales. En las últimas elecciones de Argentina compitieron cinco; en las de Chile, siete; en las de Ecuador, ocho; y en las de Colombia, seis. Son cifras razonables para una oferta electoral. En el Perú, en cambio, tuvimos 18 candidatos presidenciales y 20 listas para el Congreso en 2021.
Para reducir estas opciones, la ley electoral establecía la obligatoriedad de elecciones primarias con una valla de participación para seguir en carrera. Con esa valla habríamos tenido entre cinco y diez candidatos presidenciales. Este filtro fue eliminado por el actual Congreso y ahora contamos con 28 partidos inscritos y 19 en vías de lograrlo. Podríamos tener alrededor de 50 partidos en la cédula electoral en 2026.
Las elecciones de 2021 demostraron que una mayor cantidad de candidaturas no genera mayor participación e interés del electorado, sino mayor confusión y menor representatividad. Solo 59% de los electores votó por los ocho partidos que pasaron la valla de 5% de los votos válidos, el 13% votó por partidos que no pasaron la valla y el 28% lo hizo en blanco o viciado, muchos de ellos perplejos ante la variedad de nombres y símbolos.
Si con 20 partidos solo ocho pasaron la valla en 2021, con casi 50 opciones aumentará la dispersión y, por ende, se reducirá el número de partidos que pasen la valla electoral. Lo más probable es que los partidos que logren obtener más de 5% de los votos válidos sean solo seis o siete. Un detalle que no debería pasar desapercibido por los actuales legisladores es que el electorado está ansioso por buscar nuevas opciones. En consecuencia, de no mediar cambios en la legislación, de los partidos representados en el actual desgastado Congreso lo más probable es que solo conserven su inscripción tres o cuatro.
Naturalmente, el camino para reducir el número de candidaturas pasa por fomentar alianzas partidarias. Pero la ley vigente las desalienta: la valla electoral se incrementa en 1% por cada partido que se suma a una alianza. Es decir, si se unen cuatro partidos en una alianza, la valla que deben superar es de 8%. Otra manera de reducir el número de opciones sería permitir que los partidos que no se sientan suficientemente preparados se abstengan de participar. Tampoco es posible. La ley vigente establece que los partidos que no participen en las elecciones pierden automáticamente su inscripción.
Si el Congreso quiere reducir el número de candidaturas en 2026, tiene que abocarse de inmediato a corregir estas dos causales de pérdida de inscripción. Transparencia ha planteado que la valla sea de 6% de los votos para las alianzas, independientemente de cuántos partidos las integren. Es una propuesta razonable.
Al único partido que hoy le conviene la dispersión del voto es Fuerza Popular, para facilitar su pase a la segunda vuelta, como ocurrió en 2021, pero todos los demás deberían tomar consciencia de que no tienen garantizada su permanencia en el próximo Congreso si no se integran en alianzas. No solo eso. Si quedan fuera, ya no tendrán tiempo para reinscribirse con miras a las elecciones regionales y municipales que serán en octubre de 2026.
Lo más grave es que la gran dispersión que ocasiona un número muy elevado de candidaturas es el mejor camino para que un candidato antisistema o de un populismo extremo ingrese a la segunda vuelta en las próximas elecciones generales y obtenga una gran bancada parlamentaria. En 2021, Pedro Castillo obtuvo 15% de los votos emitidos en la primera vuelta y su partido, Perú Libre, recibió 10% de los votos para el Congreso. Sin embargo, por la gran dispersión, logró colocar 37 representantes, casi triplicando su verdadero peso electoral. Lo mismo podría ocurrir en 2026 con un candidato aún más radical.
La otra gran reforma pendiente que tiene el Congreso es la que impide que candidatos con graves antecedentes puedan postular. En las últimas semanas, los congresistas se han dedicado a aprobar reformas electorales controversiales, como la reelección de gobernadores y alcaldes, la exclusión de los movimientos regionales y la eliminación de la paridad y la alternancia, pero no han llevado a votación la única reforma que cuenta con amplio respaldo popular. Según encuestas de Ipsos Perú21, más de 90% de la ciudadanía está de acuerdo con que no se permita que postulen personas que han cumplido una condena por delitos graves.
Es un tema sobre el que he escrito varias veces. “Como demanda un amplio sector de la opinión pública, no debe permitirse que postulen personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, homicidio… La reforma electoral es tarea del Congreso, y ahora que un solo partido tiene mayoría, debería ser más fácil”, escribí en junio de 2016 en una columna titulada “Lecciones de las elecciones”. Pues Fuerza Popular –el partido hegemónico de entonces– no legisló esa reforma constitucional y todo indica que ahora tampoco quiere hacerlo. Lo que más sorprende es que tampoco se ve en las demás bancadas mayor voluntad por impulsar este cambio. Queda una semana para el fin de la legislatura. Demandemos que se apruebe esta reforma. Después será demasiado tarde.
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