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“La disyuntiva ya no es si el sistema es privado o estatal, sino cómo hacer para que funcione en beneficio de todos. El problema no es solo del Perú”.

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Pocos temas tan complejos para definir políticas de Estado como el del sistema previsional. La disyuntiva ya no es si el sistema es privado o estatal, pues todo indica que, lenta pero inexorablemente, se decanta hacia lo primero, sino cómo hacer para que funcione en beneficio de todos. El problema no es solo del Perú.
El año pasado, Sebastián Piñera, presidente de Chile, presionado por movilizaciones callejeras y sondeos de opinión, se vio obligado a mandar al Congreso de su país una propuesta de reforma profunda del sistema privado de pensiones en su país. Y estamos hablando de un mandatario cuya propia familia está involucrada en el negocio de las AFP y de un país que, antes de que llegaran las protestas masivas, exportó el modelo a sus vecinos.
En Argentina, por ejemplo, Saúl Menem abrió también el sistema de pensiones al modelo AFP, en 1994, pero la espantosa crisis económica que desencadenó su segundo periodo presidencial terminó arrastrando consigo el prestigio de la medida. Menos de década y media después, para el gobierno de Cristina Kirchner, sumido en el aislamiento internacional, no fue nada difícil nacionalizar los fondos que esas administradoras privadas –allá su denominación era AJFP– habían acopiado, con el presunto fin de retornarlos al sistema estatal.
En Brasil, a su vez, se cocina actualmente otra megarreforma del sistema previsional, que cambiará por completo la vida de sus trabajadores y jubilados. No solo está encontrando resistencia en el Parlamento, las calles y las redes sociales: también ha impactado seriamente en las encuestas, donde la popularidad con que Bolsonaro llegó al gobierno, ha comenzado a desmoronarse.
En territorio peruano, hace unos días el Congreso aprobó sendas modificaciones al Régimen de Jubilación Adelantada (REJA), principalmente poniendo más candados a la posibilidad de que los aportantes retiren sus fondos de las AFP, pero el mismo dictamen plantea la creación de un consejo de notables que evaluará el sistema por completo.
Es decir, hacen cambios que serán revisados luego por un consejo que revisará todo: total, ¿qué va primero, la carreta o los caballos? Esperemos nomás que después no se proponga una nueva comisión que revise la revisión.
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