Tanto va el cántaro al agua que todos terminan mojándose. Refranesca actualizada aparte, lo cierto es que el Poder Judicial hizo lo correcto. A la democracia hay que defenderla de sus enemigos declarados, en este caso aquellos que pregonan, sin mayores ambages, que están dispuestos a violar las reglas del Estado de derecho para aplicar sus recetas extremistas.
Lo ha dicho bien Ántero Flores-Aráoz, “la democracia no puede ser idiota, porque el término ‘tonto’ es muy poco”. El exconvicto Antauro Humala se la ha pasado difundiendo amenazas de fusilamientos a expresidentes, cárcel para sus enemigos políticos y ruptura unilateral de acuerdos internacionales, entre otros delirios presidenciales, como mantras de una campaña electoral que no por taimada era menos peligrosa.
En estos casos, es imperativo evitar hacerse el muertito. La decisión de la Corte Suprema –en las antípodas del cuestionable, casi sospechoso academicismo del JNE– de declarar ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O. ha sido una inyección de salud para nuestro sistema político, ya que no solo se han defendido los principios básicos de nuestro régimen de gobierno, sino que se ha enviado un mensaje, una señal, a futuras aventuras de similar naturaleza.
Sin embargo, hay todavía tareas pendientes, esta vez a cargo del actual contingente parlamentario, que en lugar de velar por intereses ajenos al bien común deberían enfocarse en temas sustanciales, como los impedimentos para postular a cargos públicos. Entre ellos, evidentemente, debería figurar que los candidatos no hayan sido condenados por delitos como homicidio, terrorismo, narcotráfico, corrupción, secuestro, entre otros ilícitos de envergadura, aun cuando hubieran cumplido su condena.
Como Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, ha puntualizado en Perú21: “La siguiente tarea está en manos del Congreso y consiste en aprobar una reforma constitucional que impida que otras personas perjudiciales para el sistema democrático, como aquellos que han sido sentenciados por delitos graves, puedan postular a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o para ser gobernadores o alcaldes. Tendremos más de 20,000 candidatos para una u otra elección. Es indispensable una reforma orientada a mejorar la idoneidad de los candidatos”.
Queda en manos del Congreso terminar el trabajo que ya inició la Corte Suprema.