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En quince días
“A Sánchez se le imputa no haber promovido ni mostrado celo en investigar a las consorciadas de Odebrecht”.
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En quince días estaremos con la Navidad en el ánimo y en la billetera. De pronto graniza, como ocurrió recientemente en Cusco, y la postal estaría completa. Entonces, en 15 días puede tronar y relampaguear y el Perú más belicoso estará subsumido en el sistema consumista y religioso a la vez. En ese mismo lapso de tiempo –se supone– la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, estará resuelta. O tal vez se diluya entre pegajosos villancicos.
El motivo de llevar a Sánchez a la subcomisión respectiva es impertinente, pero no inconstitucional, salvo que se le niegue al Congreso su función de control político. No se puede injerir en la actividad del fiscal de la Nación, pero sí se le puede reconvenir por no cumplir su labor. Con sustento para unos, pegado con babas para otros, a Sánchez se le imputa no haber promovido ni mostrado celo en investigar a las consorciadas de Odebrecht.
Tanto Marcelo Odebrecht como Jorge Barata –hombre importante de la empresa brasileña– señalaron que estas compañías nacionales apoquinaron dos millones de dólares para la coima a Toledo. Y que esto tenía un esquema.Lo desconcertante es que dos miembros de la Fiscalía digan que las firmas nacionales sí están investigadas (en realidad, es un proceso de indagación) y que una de las cuestionadas empresas declare que no tiene vínculo alguno con la Fiscalía. Como en un ping pong, las personas de a pie estamos confundidas y patidifusas. ¿A quién le cree y en quién confía?
Como para responder “ya ni en la paz de los sepulcros creo”. Este panorama nos enrostra que no hay instituciones sólidas, que funcionen más allá de los vientos políticos.Una eventual destitución de Sánchez requiere 85 votos y Fuerza Popular, promotora de la acusación, cuenta con 71. Es probable que no se llegue a nada. Ayer la jueza que ve el caso de los cocteles del fujimorismo durante la campaña rechazó ampliar el plazo de investigación.
Ergo, el fiscal archiva o acusa al partido naranja y a su lideresa por crimen organizado con lo que tiene. Recordemos que la propia Fiscalía, tanto en el caso de Keiko Fujimori como en el de Alan García, no encontró sustento para acusarlos por lavado de activos. Presumir que ambos integran una organización criminal tipo la Camorra resulta a todas luces exagerado. Esa imputación fue la que colmó la prudencia del fujimorismo. De no proceder, acaso volverá la calma a la política nacional. Otra borrasca en medio del espíritu navideño será la reconstrucción. Son más de 250 unidades ejecutoras, un despliegue administrativo que difícilmente prosperará.
Aunque todos esperamos vivamente que progrese. Esto, ciertamente, durará más de quince días.
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