(GEC)
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al malogrado Consejo Nacional de la Magistratura está en la necesidad y obligación de generar confianza en la población. Hemos esperado bastante y no deberíamos a estas alturas poner en duda la integridad de ninguno de sus integrantes. Sin embargo, eso no ocurre.

La Fiscal de la Nación (FN) quiso dejar muy clara su objeción a la elección de Marco Tulio Falconí. Los detalles de su voto discordante se hicieron públicos el último viernes. Y esa misma noche el abogado no pudo deslindar durante una entrevista con canal N con César Hinostroza, presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Si hablaron 18 o 30 veces por teléfono no importa. Sí preocupa su respuesta titubeante: “conversamos solo para fines académicos”. Preguntado por el papel que Hinostroza cumplió en el deterioro moral del colegiado encargado de designar jueces y fiscales, el mismo a quien el 8 de julio de 2018 se oyó negociar una sentencia contra el violador de una menor de edad en un audio obtenido legalmente durante una investigación fiscal, Falconí apenas dijo que “se inhibiría”.

El documento de la FN llegó al despacho del Defensor del Pueblo antes de la 1 p.m. del 3 de enero, pero recién el 4 un comunicado de la Comisión Especial defendía la elección de la JNJ, especialmente la polémica bonificación recibida por Falconí por ser licenciado de la FF.AA. destacando que el postulante presentó certificados para acreditar que hizo el servicio militar durante 3 años (1973 – 75).

El Ministerio Público y el Tribunal Constitucional (TC) desmintieron su participación en la nota difundida. Tanto Ávalos como la flamante presidenta del TC, Marianella Ledesma, han sentado posición. No aprueban a Falconí. Las próximas horas serán decisivas.

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