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Preparando la mordaza
El infeliz propósito presidencial es amedrentar y callar a la prensa que hace su trabajo visibilizando y denunciando los actos de corrupción en el Estado, como ocurre en cualquier otra democracia
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El presidente Pedro Castillo comenzó a dar cumplimiento a su amenaza de penalizar la difusión de información relacionada con investigaciones fiscales que tengan carácter de reservadas. Para ello envió ayer al Congreso el respectivo proyecto de ley.
La decisión del presidente, que se ha valido de ministros serviles para perpetrar este atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información, se produce en un contexto en el que la Fiscalía viene poniendo contra las cuerdas a la organización criminal enquistada en el poder. Una red delictiva integrada –según la tesis del Ministerio Público– por el propio Castillo, familiares y amigos que ocuparon cargos estratégicos, oficiales, o ‘sombreados’, en el Ejecutivo, varios de ellos hoy en calidad de prófugos.
El infeliz propósito presidencial es amedrentar y callar a la prensa que hace su trabajo visibilizando y denunciando los actos de corrupción en el Estado, como ocurre en cualquier otra democracia. Una iniciativa, es decir, propia de dictaduras y gobiernos de clara o taimada vocación totalitaria. Es conocido el terror a la verdad que tienen los autócratas, más aún si están bajo el escrutinio de la justicia.
El Gobierno cree que los periodistas somos tontos al alegar que se trata de un tema de regulación de la investigación fiscal. No, señores. La finalidad real, evidente, es tapar, esconder el avance de las investigaciones, o que se sepa “algo más grande”, como señala en esta edición el periodista Gilberto Hume, exponiendo todo lo que suele solaparse debajo de la alfombra (o del sombrero).
Un brulote, en síntesis, que no solo configura el intento más burdo, grotesco, de cortar o amenazar las fuentes de información de la prensa independiente en el Perú de las últimas décadas, además atenta contra la ciudadanía, a la que se le privaría de un derecho esencial. Porque el derecho a la información –sobre todo si se trata de negociados, prebendas y coimas entre quienes ocupan puestos privilegiados en el poder– es inalienable en una democracia y las libertades que la definen.
Cabe esperar, por ello, que las bancadas democráticas del Congreso no se presten a esta jugarreta y manden al archivo un proyecto de ley que desde Perú21 condenamos sin ambages ni medias tintas.
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