Perú, país inviable

Las embajadas de Australia, Canadá, Colombia y Francia enviaron una carta al Congreso manifestando su preocupación por la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional.

En Perú difícilmente se puede decir que existe un Estado de derecho. Aquel término, muchas veces, es interpretado erróneamente como la simple existencia de un marco jurídico. Sin embargo, aquello no es preciso, puesto que de nada sirve tener un ordenamiento jurídico si ni las autoridades lo respetan. E igual de importante que el respeto por el ordenamiento jurídico es la predictibilidad de las decisiones que tomarán los políticos y los fallos que se darán en el sistema de justicia, siendo aquello primordial para las inversiones.

Sin embargo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial demuestran a diario que el Perú no se rige bajo el imperio de la ley, sino bajo el imperio de los burócratas. Y cuando aquello sucede, cualquier nación está condenada al caos. Puesto que los ciudadanos temen ir a los tribunales, dado que las decisiones que toma el juez son impredecibles, aun cuando las leyes son claras, los inversionistas temen invertir, puesto que las normas cambian con la facilidad con la que cambia el humor del político. Y ninguna persona lúcida se atreve a invertir en un país en el que, de la noche a la mañana, el Congreso suspende contratos; en el que el presidente cambia las reglas del juego cada vez que un asesor iluminado se lo recomienda; en el que las municipalidades crean trámites cuyo único requisito es pagar coimas.

Aquella es la realidad del Perú. Un país infestado de burocracia, corrupción e intervencionismo. Y aun cuando los demagogos del Ejecutivo y del Congreso describan al Perú como un paraíso, lo están convirtiendo en un país política, económica y socialmente inviable.