Ya quedó claro que a este Gobierno poco le interesa el país. No es suficiente con negar el hambre en el que viven muchas personas o ignorar el miedo de los ciudadanos al salir a la calle. Ahora, en lugar de derogar la Ley 32108, que permite que los delincuentes sigan cometiendo delitos, pretenden crear un nuevo tipo penal que no va a servir más que para llevar al Perú a los tribunales internacionales.
El nuevo concepto del terrorismo urbano, si bien ha logrado llamar la atención amarillista de parte de la sociedad, es realmente una vieja táctica que quiere ponerse en práctica desde hace décadas. El mal uso del término, achacándoselo específicamente a personas de ideologías políticas de izquierda o a defensores de derechos humanos, es justamente contradictorio cuando el objetivo que usualmente se persigue (recalco la palabra usualmente) es el de la paz y no el de la violencia.
Manipular el concepto de terrorismo para que su aplicación se vuelva más amplia es peligroso. Seguro alguien va a pensar que esto que acabo de escribir significa flexibilizar las sanciones contra los terroristas, y eso no es así. Los terroristas deben ser sancionados con las penas máximas para asegurarnos de que nunca más se cometan delitos de lesa humanidad.
Entonces, ¿por qué no es una buena idea hablar de un tipo legal de terrorismo urbano? Esto porque, si lo que queremos es poder actuar contra el crimen organizado, entonces el primer paso es derogar la Ley 32108, así como implementar una serie de medidas y reformas en las instituciones. Sí, el endurecimiento de sanciones y la inclusión de agravantes (como el ataque a transportistas, el uso de armas de guerra o que sean efectivos policiales los involucrados en las extorsiones) son parte de las acciones necesarias, siempre que se cumpla con las normativas nacionales e internacionales.
Pero, además, en la propuesta legislativa del “terrorismo urbano” se pretende también limitar el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional. Así, fiel a su estilo de gobierno, Dina Boluarte quiere carta blanca para seguir actuando de la misma forma contra quienes se opongan a sus acciones y generar represión e impunidad cuando nuevamente surjan protestas.
Un ejemplo de esto fue la represión absurda que ejercieron las fuerzas del orden para controlar la protesta por parte de los transportistas, quienes están exigiendo que no se los mate mientras salen a sus rutas. Ahora que los transportistas han anunciado un paro nacional, ¿qué medidas tomará el Gobierno de Boluarte? ¿Atacará también a quienes son víctimas de las extorsiones y las bandas criminales? ¿O encontrará maneras de solucionar la crisis para ofrecerles a ellos y al resto de los ciudadanos la seguridad que se merecen?
Este Gobierno es claramente un Gobierno anti: antidemocrático, antiderechos, antiseguridad y, sobre todo, anticiudadanía.
