La cartera de los Boluarte

Desde que Perú Libre asumió el poder, el 28 de julio de 2021, se han nombrado 13 ministros del Interior. Esta alta, escandalosa, por no decir vergonzosa rotación ha ocurrido mientras la inseguridad ciudadana iba en aumento cobrando, diariamente, la vida de peruanos.

Pedro Castillo y Dina Boluarte han utilizado el Ministerio del Interior con fines políticos mientras que la delincuencia, la minería ilegal, las extorsiones y el crimen crecían. Su función de garantizar la seguridad ciudadana quedó postergada; el negocio político pesó más que la necesidad de los ciudadanos de ser protegidos y cuidados. Este ha sido el común denominador del gobierno del lapicito.

Castillo manoseó a la oficialidad policial cobrando por el ascenso de coroneles a generales y usó a corruptos oficiales para favorecer a sus familiares y amigos prófugos de la justicia; Boluarte nombró ministros que fungieron de mesa de partes de su hermano Nicanor, autoridades que le sirvieron para el nombramiento de prefectos y subprefectos a su gusto y conveniencia. Walter Ortiz, el último de los monigotes de Nicanor Boluarte, quien desactivó el equipo de policías que apoyaba al Eficcop, tuvo que renunciar ayer, la Fiscalía lo ha denunciado y su futuro es incierto.

La seguridad de los peruanos les importó un comino a Castillo y a Boluarte, ambos nombraron ministros incapaces para enfrentar la delincuencia, pero obedientes a las necesidades del negocio de sus familias.

En la repartija, el Congreso ha abandonado su rol fiscalizador y de contrapeso al Ejecutivo, aunque la inseguridad ciudadana es el principal problema para los peruanos, los padrastros de la Patria no han ejercido sus facultades constitucionales para instar al Gobierno a que designe una persona idónea y capaz en la cabeza del Interior.

Juan José Santiváñez, viceministro del saliente Walter Ortiz, quien antes de ser ministro fue el viceministro de Víctor Torres, juró ayer. El flamante titular del Interior se ha desempeñado en otros cargos dentro del Mininter de la collera de los Boluarte y antes se lució defendiendo a policías involucrados en ascensos irregulares y en el llamado Escuadrón de la Muerte.

El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente frente a esta situación. La Constitución obliga al Estado a prestar seguridad y garantías a los ciudadanos. Es indignante que Juan José Santiváñez, integrante del grupo de funcionarios que ha venido sirviendo a los Boluarte, lidere la cartera del Interior. El país necesita una estrategia real y seria para luchar contra la inseguridad. La señora Dina Boluarte no puede continuar jugando con la vida de los peruanos.