Pantallas congeladas

Ya nada debería sorprender de este gobierno, pero lo que se supo ayer es ya la desvergüenza total, una verdadera afrenta a la ley. Se reveló que las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno dejaron de funcionar, oh casualidad, el día 9 de agosto, horas antes de que se produjera la intervención de los fiscales para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

La idea, obvio, era no dejar registro alguno de las tretas de las que se valieron los allegados presidenciales para que la susodicha pudiera poner los pies en polvorosa, justo cuando los fiscales ya prácticamente tocaban la puerta en su búsqueda.

En el operativo participó el jefe de la Casa Militar, general EP José Antonio Mariscal Quiroz, pues a él va dirigido el informe en el que la oficina de Análisis consigna la pérdida de información en tres cámaras de seguridad de Palacio.

Además, dicho oficial cajamarquino fue el que dilató el acceso del equipo especial del Ministerio Público y de la Policía el 9 de agosto que tenía como objetivo detener a la cuñada del mandatario.

Mariscal Quiroz es también quien autorizaba los vuelos en helicóptero que hacía Pedro Castillo los fines de semana a Chota, para tratar temas personales y familiares. Porque Castillo realizaba esos desplazamientos sin que hubiera algún tema de interés nacional de por medio. El Congreso ya le puso la puntería al oficial.

Sin embargo, el hecho de usar los recursos del Estado en beneficio propio, así como la comprobación de que la fuga de Yenifer Paredes pudo haber sido orquestada con la complicidad de funcionarios palaciegos, vuelven a retratar a un presidente que usa el poder como un privilegio del que puede abusar a su antojo. En esta oportunidad, comprometiendo incluso a miembros de las Fuerzas Armadas, sin detenerse ante los límites que le imponen ya no solo su investidura, sino la ley.

Estamos ante un presidente de la República que, en el día a día de su gobierno, parece estar intentando “normalizar” el ventajismo, la prepotencia y, en general, las prácticas delictivas, sean estas de menor o mayor envergadura, como parte del ejercicio del poder. Un jefe de Estado convencido de que las normas de conducta están para ser cumplidas por la ciudadanía, pero no por él. Bien dicen que Conchán no es solo una playa del sur.