:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2EAKLAL3V5F65O3NU5DNJZWGFI.jpg)
No ha demorado mucho en hacerse evidente el retorcido uso que Pedro Castillo le iba a dar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), donde colocó ex profeso a un paisano suyo, el chotano José Fernández Latorre, para que cumpliera encargos políticos personales, alejados del ámbito de esta dirección, que es el resguardo de la seguridad y la soberanía del territorio patrio.
Nos referimos a tareas tan extrañas como las que ayer reveló Perú21. Como órgano rector del sistema de inteligencia nacional, la DINI ha permitido que se exponga y debata un informe elaborado por una dependencia afín del Mininter sobre los escenarios ante un posible cierre del Congreso. Las órdenes de explorar esas eventualidades tienen que haber bajado directamente de la Presidencia de la República.
¿Por qué las áreas de inteligencia del gobierno hacen este estudio de escenarios introduciendo un factor de inestabilidad y amenaza a la democracia? ¿Qué está tramando el jefe de Estado en esta coyuntura, en la que se siente acorralado con seis investigaciones abiertas por corrupción y con familiares detenidos y excolaboradores suyos acogiéndose a procesos de delación?
El documento, que fue presentado y expuesto por sus autores al más alto nivel del gobierno en las propias oficinas de la DINI, alerta sobre una serie de condicionamientos que, sumándose a otros, externos e internos, podrían conducir a la ruptura del orden constitucional. Un informe meticuloso que hasta se permite anunciar que, de concretarse una vacancia presidencial, podrían producirse “ataques a instalaciones de los medios de prensa privados, sedes de partidos políticos opositores y concentraciones en viviendas de los líderes de oposición” y hasta una “posible reprogramación de elecciones regionales y municipales”.
Lo que no queda claro es si se trata de una compleja estrategia a ejecutar o de un plan de contingencia, un simple estudio de presuntos escenarios de crisis para el Ejecutivo.El trabajito y las conclusiones de este informe no deben quedar sin explicaciones: los antecedentes del gobierno no invitan precisamente a la indiferencia. El Congreso no puede quedarse de manos atadas, debe convocar de inmediato al responsable máximo de esa entidad, es decir, al premier Aníbal Torres. ¿O vamos a esperar a que Castillo se fujimorice y empiece a montar un siniestro aparato de inteligencia, con las consecuencia que ya todos conocemos?
