Papelón supremo

Esta semana las malas noticias no solo corren a cuenta del Ejecutivo o del Congreso. Un esfuerzo dentro del Poder Judicial merece atención. Su Consejo Ejecutivo ha arremetido contra la Constitución y los tratados de derechos humanos vía una resolución de tercer orden. Así como lo lee.

El acto ha ocurrido con la adhesión a las “reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”. Lineamientos desarrollados por jueces de diferentes países para visibilizar y remover las barreras de ciertos colectivos para acceder a sus derechos: menores de edad, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas en pobreza, mujeres, etc. El lema que lo inspira es “una justicia que protege a los más débiles”. Lo dice todo. Busca operativizar en el ámbito judicial los principios de igualdad y no discriminación, cumpliendo el rol contramayoritario que cabe a los jueces de salvar derechos.

Se requiere talento para incurrir en un acto discriminatorio al aprobar un acuerdo internacional antidiscriminación. Y es lo que han logrado los jueces Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo y Pareja Centeno al excluir a la orientación sexual y la identidad de género como causales de vulnerabilidad, trastocando la esencia de las reglas de Brasilia. El despropósito ha merecido la condena del Minjus, Defensoría y CIDH. Probablemente sigan juristas internacionales. Es un papelón supremo.

Toda persona tiene derecho a mantenerse voluntariamente en la oscuridad. Pero cuando ello se exterioriza en conducta que afecta a terceros, entra a tallar el Derecho. Más aún cuando media sello judicial y publicación en El Peruano. La Ley de Carrera Judicial exige a los jueces capacitación permanente para que sus prejuicios no los dominen. Pide resoluciones de calidad con apego a las normas superiores y a las sentencias del TC y la Corte IDH. Y regula como falta grave la discriminación. Un recordatorio de que la crisis judicial continúa.