Orquestando la escalada

El último fin de semana en Ayacucho y en Áncash, tumultuosas y violentas protestas derivaron en incendios y ataques contra personal de las empresas Apumayo, Breapampa y Antamina, la situación en Áncash llegó a obligar a que se suspendieran indefinidamente las operaciones de la minera Antamina, con la enorme pérdida económica que ello implica para el país y aun para las propias comunidades involucradas, en términos de ingresos y empleo.

Si a esa irracional furia antiminera le añadimos el incendio deliberado de 80 hectáreas de cultivos y maquinaria de la empresa Caña Brava, en Piura, tenemos en el país un cuadro muy grave de violencia. La cronología de los hechos hace pensar que no se trata de sucesos aislados, sino todo lo contrario, de actos coordinados por sectores extremistas, quién sabe, vinculados al Movadef.

No obstante, las autoridades del Gobierno, lejos de entrar en acción o al menos dar señales de estar preparándose para enfrentar la escalada violentista –que se vale del descontento y angustia de la población después de la pandemia–, continúan sentadotas frente a sus escritorios sin hacer nada, más allá de organizar fiestas COVID en sus casas, como lo hizo el ministro del Interior, Luis Barranzuela, el 31 de octubre último.

Algunos podrían decir incluso que semejante pasividad, que evidentemente pone en riesgo la seguridad del país y su recuperación económica, es parte de una política y un ánimo de exacerbar los conflictos para que el Estado de derecho sea puesto en cuestión y poder imponer así planes estatizadores para, presuntamente, restablecer la paz social con nueva Constitución mediante.

Los tiempos en que un premier como Guido Bellido al menos hacía la peliculina del cowboy para atender una protesta en su tierra, sin lograr ninguna solución duradera, desde luego, parecen haber sido reemplazados por una estrategia más propia de Perú Libre: cruzarse de brazos ante los conflictos sociales y dejar que estos se descontrolen para que el país se sumerja en el caos social.

Y vaya que la inacción del Ejecutivo –con perdón de la contradictio in terminis– podría lograrlo. Solo en uno de estos escenarios, en Loreto, 150 personas mantienen tomadas las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano desde hace casi un mes.

¿Mientras tanto, el Ministerio del Interior, el Gobierno? Nada de nada. Solo fiesta y complicidad.