[OPINIÓN] Rafael Belaunde Llosa: Complicidad por omisión

En los últimos años, las economías ilegales -en especial la de la minería ilegal- han venido ganando terreno ante la pasividad -cuando no, complicidad del Estado-.

Según la SBS, la minería ilegal es el delito que más dinero genera, superando al narcotráfico con ganancias estimadas en USD 8,200 millones. El auge de esta economía constituye un serio problema para la seguridad interna del país, no solamente para la estabilidad institucional, sino por los nexos que mantiene con la criminalidad organizada y los delitos conexos como los ambientales, tributarios, lavado de activos, trata de personas, etc. Este lamentable, pero notable avance, no hubiera sido posible sin la indolencia, negligencia y/o complicidad de funcionarios públicos de los diversos estamentos del aparato estatal.

Los recientes hechos de violencia y muerte ocurridos en Pataz ejemplifican, claramente, el grave problema al que nos enfrentamos impulsado por los altos precios del oro, la ausencia de una estrategia de la PNP y bajo el amparo de un certificado del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que hace esconder a las mafias bajo un supuesto manto de legalidad, vulnerando derechos e invadiendo zonas donde operan las empresas formales.

Las bandas criminales realizan voladuras subterráneas, interceptan las operaciones de las empresas formales y se roban el mineral. Solo en los últimos 3 años, se han desplazado, desde Pataz, 24 mil volquetes con material robado valorizado en USD 2,400 millones. Parte del mineral robado es procesado en los molinos ilegales en la zona, pero mayoritariamente es transportado (pasando varios controles policiales) a plantas de beneficio “formales” que, amparándose con el REINFO de quien lleva el material, reciben el mineral sin mayor verificación y comprobación de la licitud de su origen.

Las mineras formales vienen denunciando por años, pero ha sido ante el agravamiento de la criminalidad organizada en Pataz que el gobierno decretó el Estado de emergencia.

El Congreso, motivado por intereses desconocidos lejos de ayudar, estorba y agrava el problema, habiendo extendido irresponsablemente los plazos del REINFO hasta en 3 ocasiones, desnaturalizando su excepcionalidad y fomentando la impunidad de la minería ilegal. Incluso, se han presentado varias propuestas que buscan no solo extender los plazos, sino abrir el proceso para incluir a un mayor contingente de mineros ilegales.

El REINFO se creó como un mecanismo para que miles de mineros informales (se estima en 500 mil personas) dejen de serlo y puedan operar en la formalidad. Lamentablemente, la compleja normatividad vigente y la ausencia de incentivos correctamente alineados hace virtualmente imposible que se logre la formalización o incluso que deseen lograrla. De los 88 041 REINFOS, solo el 11% logró formalizarse, quedando el resto en un limbo legal que favorece la ilegalidad.

Reformas realistas que hagan viable la formalización y reduzcan la ilegalidad son posibles y urgentes.