Foto: Andina.
Foto: Andina.

Es un escándalo la presencia en el Ministerio de Justicia de Eduardo Arana, por sus antecedentes que lo condenan y muestran como un agresor de su propia familia y un vulgar traficante de favores judiciales, pues tiene una gran cantidad de llamadas registradas con ‘los hermanitos’ —de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto— que incluyen a los inefables Walter Ríos y César Hinostroza.

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Es tanto el escándalo de la designación que ya inmediatamente la Fiscalía ha formalizado una investigación fiscal. Por tanto, tenemos la paradoja del titular que lidera las políticas del sistema de justicia desde el gobierno involucrado con una organización criminal que había tomado el sistema de justicia. No se entiende por qué, hasta el cierre de esta edición, no ha sido removido del cargo; Arana debió haber renunciado por ética.

No creo que le podamos pedir ética a este tipo de personajes que aparecen en estos cargos, por evidentes favores políticos, en desmedro de la idoneidad para el cargo, y aquí la responsabilidad directa recae en el premier Alberto Otárola, porque, como lo expresamos en otra columna, no tenemos dudas de que es él quien hizo estos cambios ministeriales y están llevando al gobierno al cadalso.

Sorprende la manera más irresponsable del gobierno de abrirse flancos innecesarios, designando a ministros que no tienen la integridad que se requiere, para asumir estos cargos de responsabilidad política en un gobierno altamente cuestionado, que con este tipo de decisiones muestra orfandad y dejan inclusive a la presidenta en una función decorativa.

Ya era contraproducente el retiro de la ministra de Educación, que entendemos es un guiño al fujimorismo de parte de Otárola, después de que el Congreso pretende tumbarse la meritocracia y reponer a 14,000 maestros que no pasaron la evaluación.

Como cereza de la torta no se le ocurre mejor idea que poner de ministra a una allegada a Keiko Fujimori, que encabezaba su equipo técnico en Educación en campaña, validando de esta manera la tesis de un pacto del gobierno de Boluarte con el fujimorismo, que incrementa más su cuestionamiento.

El gobierno de Boluarte está yendo de tumbo en tumbo. Aquí el problema ya es intestino y por eso debería ser removido el premier y así refrescar todo el gabinete, para recuperar algo de confianza con la población. Si no, seguirán huyendo de las protestas que se evidenciaron en Tacna y en Pichanaqui.


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