Se podría decir que este fin de semana se consumó el delito de obstaculización a la justicia de parte del propio presidente Pedro Castillo, utilizando al ministro del Interior como operador político para remover de sus funciones al equipo policial encargado de coordinar directamente con la Fiscalía, que ya investiga al presidente.
Primero fue una carta a la Fiscalía, argumentando un artificio del funcionamiento de la Policía Nacional para que se discrimine las funciones de inteligencia. Supuestamente la responsabilidad recae en la DIVIAC, por ende, tendrían el argumento para remover al coronel Colchado de la función encomendada con Resolución ministerial 0903-2022-IN, que le costó la destitución al exministro González.
No contentos con semejante evidencia de interferencia en la labor de la Fiscalía, el propio director de la Policía recibió presiones del ministro Willy Huerta para que se remueva al equipo especial de apoyo a la Fiscalía, supuestamente para evitar que los involucrados presenten nulidades en el proceso judicial –según comunicado del Mininter-.
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Súmenle las declaraciones del ahora colaborador eficaz Bruno Pacheco y la denuncia del exministro González; concurren ambos testimonios en la pretensión de imponer a Beder Camacho –adlátere de Pedro Castillo– como viceministro del Interior, para que no solo ayude en la fuga de Pacheco, sino que impunemente obstaculicen la captura de los involucrados en este caso escandaloso, el sobrino y Juan Silva.
La cereza de la torta ha sido la denuncia periodística que tiene los audios de Beder Camacho, tratando de “sembrar” denuncias falsas contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la intensión de desacreditar a la titular de las investigaciones contra el presidente. Una prueba más del delito.
¿Qué espera el Congreso? Las evidencias son contundentes, solo se requieren indicios para el juicio político o la vacancia, aquí tienen medios probatorios que comprometen a Castillo.