[OPINIÓN] Richard Arce: “Oleado y sacramentado hasta 2026″

“Después de las declaraciones de Alberto Fujimori queda claro que son Fuerza Popular con su bancada y Keiko Fujimori quienes imponen la agenda y deciden que se van a quedar hasta el 2026″.

Richard Arce

Fecha Actualización

23/02/2024 - 07:53

Después de las declaraciones de Alberto Fujimori que zanjan las dudas de quién manda en Palacio de Gobierno, queda claro que son Fuerza Popular con su bancada y Keiko Fujimori quienes imponen la agenda y deciden que se van a quedar hasta el 2026, porque así se ha decidido en el bastión fujimorista.

Pero esto no es novedad, desde el momento que vimos al premier Alberto Otárola coqueteando con el fujimorismo al principio de la gestión y después cuando se vio desde Palacio que se avalaba cada despropósito del Congreso, la deducción lógica es que había un concubinato entre el gobierno de Dina Boluarte y el fujimorismo.

Esta alianza soterrada cuenta con el aval de lo más rancio de la política: los ocasionales socios del fujimorismo en el Congreso, nos referimos a Avanza País, Renovación Medieval y por supuesto al lápiz de Perú Libre; eso sin contar con el apoyo “interesado” de APP, que es una veleta y se acomoda muy bien a la coyuntura.

Por más que los sectores de la izquierda afín a Pedro Castillo quieran negar alguna relación con el gobierno de Dina Boluarte, la realidad es que ella viene de esa cantera, al ser parte de la plancha presidencial que se eligió con los votos incentivados por estos sectores de izquierda que hoy denostan de Boluarte; por tanto la responsabilidad está también en esos sectores de izquierda recalcitrante, que con su venia permitieron toda la corrupción que ya conocemos de Pedro Castillo y su entorno.

Tal es el giro del Gobierno, que ya se olvidó olímpicamente de los compromisos de campaña y no tiene ninguna representación de sectores de izquierda y del progresismo, al contrario, se percibe a un gobierno con una agenda de derecha y de esas recalcitrantes, conflictivas y conservadoras. Con lo que los representantes de la DBA se sienten empoderados en diferentes sectores, tomando decisiones por ella, siendo sintomático para que tenga tal nivel de aprobación en un solo dígito, por la debilidad del Gobierno en la imagen y posicionamiento.

En ese marco es que, por ejemplo, el canciller González-Olaechea pretende arremeter contra las ONG, mencionando que fortalecerán los mecanismos de supervisión sobre las actividades que estas ONG desarrollan, todo por la aversión a las ONG, que defienden derechos humanos o denuncian la corrupción, por tanto, son incómodos para el establishment.

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