Lamentablemente, ayer, el imberbe congresista Alejandro Cavero emitió un informe que recomienda el archivo de las denuncias constitucionales contra Manuel Merino, expresidente de facto, su ocasional premier Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, argumentando que no tenían ninguna responsabilidad por los sucesos acaecidos en noviembre de 2020.
Es indignante por el manto de impunidad que se cierne sobre estos personajes políticos, quienes ordenaron reprimir con violencia una manifestación ciudadana que finalmente obligó a Merino a renunciar a la Presidencia después de cinco días de haber impuesto su cargo por una arbitrariedad del Congreso.
La decisión del congresista Cavero atenta contra la memoria de Inti Sotelo y Bryan Pintado –y la búsqueda de justicia de sus familias– quienes fueron asesinados por proyectiles letales utilizados por la Policía, que están prohibidos dentro de los protocolos para contener protestas. Eso fue constatado en las autopsias respectivas.
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Fue un atentado contra los derechos humanos, denunciado inclusive por organismos internacionales, que requería de la intervención de la justicia peruana, para lo cual el Congreso tenía que habilitar al Poder Judicial y a la Fiscalía a iniciar el proceso contra los responsables políticos que, para su suerte, tienen todavía inmunidad aludiendo delitos de función.
La acusación constitucional estuvo bien sustentada y ahora, con argumentos surrealistas, pretenden archivarla, como si no existieran evidencias de la represión policial y del uso de armas letales. Al final, esta es una componenda más de este Congreso desprestigiado que aplica la ‘ley del embudo’: es implacable con los adversarios políticos y cómplice con la impunidad de sus allegados. Quedan en la conciencia de Cavero y los denunciados la sangre de estas víctimas y, una vez más, la injusticia para los excluidos de nuestra sociedad.