[Opinión] Richard Arce: Tierra de nadie. (Foto: Presidencia)
[Opinión] Richard Arce: Tierra de nadie. (Foto: Presidencia)

Al no tener un presidente, en términos literales, por la anomia de este Gobierno y sobre todo por su ausencia ante los problemas principales que agobian al país, empiezan a presentarse problemas serios, como lo acontecido en el distrito de Atico, en Arequipa, donde se han enfrentado mineros informales con un saldo de 14 muertos.

Para entender la magnitud de la irresponsabilidad de las autoridades que ahora están manchadas con sangre por incompetentes, esta tragedia desnuda los niveles de desgobierno porque se ha perdido el principio de autoridad y respeto.

Las primeras versiones de este enfrentamiento informan el uso de armas de largo alcance y la demencia de la violencia extrema desencadenada, como si fuera tierra de nadie, prácticamente al estilo del lejano oeste americano del siglo XIX.

En estos diez meses de gobierno se han dedicado a desacreditar a la gran minería con un falso discurso reivindicativo, aprovechándose de las justas demandas de diferentes poblaciones de las zonas de influencia, generando sobreexpectativas y que ahora no tienen la capacidad para atender sus demandas y por ello se han desbordado los conflictos sociales.

En contraposición no han hecho nada para atender el problema de la minería ilegal. Se tiene que diferenciar entre las actividades filonianas –pica piedras– que se realizan en zonas alto andinas y la depredación que se hace en la Amazonía con los lavaderos de oro.

Lamentablemente en las dos actividades se han ido constituyendo mafias con las consecuencias que generan, como la trata de personas, prostitución, tráfico de insumos ilegales y hasta bandas de extorsión y sicarios.

Está pendiente la formalización de los mineros artesanales, diferenciando de los mineros ilegales. Para ello se requiere dotar de las competencias a los gobiernos regionales, pero con un trabajo articulado con el Minam y el Minem, para ordenar las concesiones mineras que se han hecho desordenadamente y generan mafias.

El Congreso debería trabajar un proyecto de ley que regule la actividad, diferenciando de la minería artesanal a la minería informal e ilegal. Es el punto de partida.