[Opinión] Richard Arce: “¿Ahora qué hacemos con la minería?”

La tarea pendiente parte por establecer un ambiente de paz social, y la condición sine qua non es atender inmediatamente los conflictos socioambientales en torno a los proyectos extractivos a nivel nacional, poniendo cierto énfasis en el Corredor Minero.

La estrategia desde el gobierno es atender sectorialmente cada una de las demandas sociales. Siempre se ha evadido este enfoque porque es complejo y requiere un equipo de profesionales especialistas que conozca el contexto de las comunidades en conflicto. Pero no es imposible. La ventaja es que se pueden gestionar de manera más eficiente las diferencias que existen con las empresas mineras y las demandas de las comunidades campesinas.

Desde el gobierno se tiene que impulsar un Fondo Social para el Corredor Minero que permita generar fondos para las comunidades y que inclusive se pueden apalancar con fondos verdes; depende mucho de la visión que se quiera dar. Son zonas que aparte tienen potenciales turísticos y riqueza natural.

Paralelamente, las comunidades tienen que integrarse a la cadena de valor que genera la actividad minera. Paralelo a los estudios que se vienen desarrollando para la construcción de un ferrocarril, se tiene que asfaltar la vía –es imprescindible– e involucrar a las comunidades en servicios como el mantenimiento e inclusive la instalación de peajes, lo que haría sostenible su funcionamiento.

En Ayacucho, en torno a la mina Inmaculada, se requiere una presencia mucho más eficiente del Estado para atender las necesidades de las comunidades, pero sobre todo para que se facilite información real que se ha estado distorsionando por intereses de agentes externos, generando conflictos sociales. Esta es otra realidad, distinta al Corredor Minero.