"Hoy, el gobierno, débil y torpe, naufraga, sostenido por un Congreso con agenda e intereses propios, subalternos e ilegales en muchos casos y abocado en destruir la poca estabilidad jurídica que le queda a nuestro país".
"Hoy, el gobierno, débil y torpe, naufraga, sostenido por un Congreso con agenda e intereses propios, subalternos e ilegales en muchos casos y abocado en destruir la poca estabilidad jurídica que le queda a nuestro país".

El Perú estuvo a la vanguardia del crecimiento económico de la región por muchos años. En el país, una economía abierta al mundo, reglas claras para la inversión, Estado de derecho y estabilidad jurídica generaron un ambiente propicio para la inversión.

Tasas de crecimiento del PBI por encima del 6% eran una constante en el Perú, impulsadas, a su vez, por tasas de crecimiento de la inversión privada superiores al 20%.

Sin embargo, desde los albores mismos de la expansión económica, comenzaron a aparecer los elementos que irían socavando nuestro crecimiento. No se profundizaron las reformas económicas de inicios de los noventa (las reformas de primera generación), se abandonaron las reformas de segunda generación (en el campo jurídico, tributario y laboral, principalmente), se sumaron nuevas instituciones con más trámites e instancias, se crearon nuevas normas y permisos, que fueron mermando las condiciones para la inversión y crecimiento económico.

A su vez, se empoderó una izquierda irresponsable que logró, a base de engaños, paralizar la inversión en el motor principal de nuestra economía, la minería.

Es en este contexto que Pedro Castillo y Dina Boluarte ganaron las elecciones junto al partido marxista, leninista, mariateguista, Perú Libre, con una campaña electoral llena de propuestas irresponsables y repelentes de la inversión.

La interrupción del orden constitucional vigente, las amenazas contra las inversiones, la modificación unilateral de contratos, así como la nacionalización de los recursos naturales, fueron algunas de sus propuestas de gobierno. La incapacidad de completar un gabinete hasta varios días después de juramentar el cargo y los nombres que finalmente lo integraron produjeron la mayor fuga de capitales en la historia del Perú.

De igual modo, la sistemática ofensiva antiminera de los primeros ministros Bellido y Vásquez, y —quien fuera ministro de Economía de ambos— Francke generaron un entorno sumamente hostil a la inversión. A ese coro se sumó la ministra insigne del régimen y compañera de fórmula presidencial, Dina Boluarte, quien se fue a Davos a atacar la inversión privada en el Perú.

Tras el golpe de Estado de Castillo, y su consecuente destitución, la señora Boluarte asumió el poder, lo que desató una enorme inestabilidad social, exhibiendo enorme incapacidad política y de gestión. Hoy, el gobierno, débil y torpe, naufraga, sostenido por un Congreso con agenda e intereses propios, subalternos e ilegales en muchos casos y abocado en destruir la poca estabilidad jurídica que le queda a nuestro país.

Así las cosas, no sorprende que la economía esté como está. Saldremos de esta situación con la llegada de un gobierno y Congreso nuevo, con un renovado y claro mandato popular. En tanto ello no ocurra, la espiral decadente de la economía nacional seguirá mostrándonos sus rostros más tristes: el aumento de la pobreza, el desempleo, la fuga de capitales y, lo que es peor, la fuga del talento nacional.

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