[Opinión] Pablo de la Flor: “Dinamitando el Estado”

A pesar de estar cada vez más cercado por las acusaciones de corrupción que pesan en su contra y su entorno, el presidente no cesa en su proyecto de copamiento del Estado, hoy convertido en botín para recompensar lealtades y pagar favores políticos, cuando no en herramienta para instrumentalizar faenones como los perpetrados en Petroperú.

No solamente se trata del nombramiento de ministros y viceministros que no reúnen las mínimas credenciales para ejercer sus cargos, sino también de la incorporación de directores, funcionarios medios, asesores y consultores que destacan por su incompetencia y sus prontuarios judiciales. La Contraloría se ha manifestado en distintas oportunidades sobre la falta de idoneidad de las designaciones, y la Fiscalía viene actuando en paralelo.

La precaria institucionalidad que a duras penas pudimos construir en algunos islotes de excelencia de la administración pública, con el reclutamiento y retención de valiosos funcionarios calificados, hoy se ve amenazada por el prebendarismo presidencial con consecuencias terribles para la marcha del país.

Un caso emblemático de demolición institucional es el que viene ejecutando en el Mincetur el ministro Roberto Sánchez, un personaje sin las más elementales competencias técnicas ni experiencia requerida, y cuya mayor virtud es haberse convertido en uno de los brazos operativos del presidente en gestiones que nada tienen que ver con sus responsabilidades ministeriales.

Hace unas semanas, un manifiesto suscrito por gran número de exautoridades del Mincetur alertaba de la improvisación y tropelías que se vienen perpetrando en el ministerio y que ponen en riesgo los importantes avances que en materia de apertura comercial y promoción turística se han registrado en los últimos 20 años.

Sin embargo, el caso más apremiante ahora es el del Fonafe, entidad que norma y dirige la actividad empresarial del Estado, donde el Ejecutivo pretendería imponer a algún incondicional tras precipitar la salida de la directora ejecutiva. Se buscaría de esta manera abrir las puertas de la entidad para colocar allegados en las 36 empresas públicas que dependen de ella.

Hoy más que nunca, la actuación de los órganos de control, partidos y ciudadanía resulta vital para frenar la destrucción del aparato público que el Ejecutivo ha puesto en marcha.