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[OPINIÓN] Pablo de la Flor: Castillo: Sin cuerdas separadas

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Fecha Actualización
Acorralado por las contundentes evidencias de corrupción y las confesiones sinceras de sus exasesores, los días del presidente Castillo y su entorno cleptocrático parecerían contados. Sin embargo, la suerte final del mandatario dependerá de lo que decida el Congreso, entidad aún más devaluada que el Ejecutivo, donde la correlación de fuerzas hasta ahora le ha sido propicia gracias a la compra de voluntades con prebendas y privilegios indebidos.
La salida de Castillo se torna indispensable no solo por lo que su permanencia en el cargo significaría en términos de la continua degradación de la política, el imperio de la corrupción y el profundo deterioro de nuestra institucionalidad, sino también por las consecuencias económicas de la crisis en la que su improvisada y mediocre gestión nos ha sumido. Y es que resulta claro que no existen cuerdas separadas, sino estrechos vasos comunicantes, entre la política y la economía, de forma que lo que ocurre en un ámbito tiene consecuencias ineludibles en el otro y viceversa.
Ya venía advirtiendo esta pequeña columna de los cada vez más evidentes estropicios económicos, hoy profundizados por la crisis de legitimidad del gobierno, en medio de un entorno internacional adverso y fuertes presiones recesivas. Este año creceremos apenas 2.5%, con tasas igualmente bajas proyectadas para 2023. Esto nos pone, por primera vez en muchos años, por debajo del promedio de la región.
Detrás de estos indicadores está el drama de los trabajadores peruanos que, refugiados crecientemente en la informalidad, no han logrado recuperar los niveles de ingreso previos a la pandemia. No sorprende entonces que este año 127 mil personas más engrosen las filas de los pobres. También la inversión privada, gran motor del crecimiento, retrocederá y se contraerá aún más en 2023, producto de la falta de confianza frente al entorno de conflictividad e inestabilidad.
La salvaguarda de nuestra institucionalidad democrática exige que Castillo sea apartado cuanto antes de su cargo, siguiendo los procedimientos y mecanismos que nuestro ordenamiento constitucional establece. La salud de nuestra debilitada economía y el bienestar de todos los peruanos, especialmente de los más pobres, así lo demanda.
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