A punta de investigaciones periodísticas se ha logrado poner en evidencia a esa especie que no es nueva, pero que ahora se propaga en el Congreso y que amenaza con reproducirse sin freno.
Hasta ahora son 12 los nefastos ‘mochasueldos’ descubiertos, pero en realidad no se sabe cuántos más siguen recortando los ingresos a sus trabajadores, y cuántos están tentados de formar parte de esa especie en expansión en el Congreso.
Es verdad que se trata de una práctica que se conoce por lo menos desde hace 25 años. En 1999, el entonces congresista Manuel Lajo fue acusado de recortar el sueldo a sus trabajadores y destituido del cargo, aunque después fue exculpado por la Corte Suprema. Otro caso fue el del excongresista Michael Urtecho, descubierto en 2013 y condenado a 22 años de cárcel. Pero no son los únicos de una práctica que en el actual Parlamento parece crecer sin que nadie haga nada por ponerle freno, menos desde el propio Congreso.
Seguramente muchos congresistas no recortan el sueldo a sus trabajadores. Incluso algunos lo han dicho públicamente y han condenado el accionar de sus colegas mochasueldos. El problema es que la condena se queda solo en la indignación, y en muchos casos no se refleja en los votos cuando de blindar a los acusados se trata.
Hay congresistas honestos; de eso no hay duda. Quizá más pocos que muchos, pero que los hay, los hay. Sin embargo, su enojo no se traduce en acciones concretas para desterrar para siempre a los ‘mochasueldos’.
Iniciativas para modificar el reglamento del Congreso, por ejemplo, y así incorporar sanciones específicas y drásticas para los ‘mochasueldos’ no existen. Para los congresistas “honestos”, la indignación pública no debería ser suficiente, porque la línea que separa la indiferencia de la complicidad, en este caso, puede ser muy delgada.