[OPINIÓN] Juan Manuel Benites: Guerra avisada, no mata gente

Fecha Actualización

04/10/2023 - 06:00

Las recientes declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, han encendido las alarmas en el sector agrario peruano. No obstante, lo que estas declaraciones reflejan no parece ser el desenlace de la historia, sino tan solo un vistazo anticipado de lo que podría acontecer en 2024.

En el verano del próximo año, se prevé el desarrollo del fenómeno de El Niño, lo que podría intensificar las sequías en el sur del país, así como repetir episodios críticos observados en el norte, en los años 1998 y 2017, o los recientes estragos causados por el ciclón Yaku. Además, podrían presentarse cambios climáticos en la Amazonía, es decir, todo ello tendría un impacto significativo en la producción agraria a nivel nacional.

A esta probable caída en la oferta de alimentos, se le sumaría la entrada en vigor de la normativa europea que promueve la importación libre de productos relacionados con deforestación. Esta normativa impone restricciones a la importación de productos cultivados en áreas deforestadas y exige a los productores que cumplan con requisitos de formalidad en áreas como derechos de propiedad, certificaciones ambientales, tributación y derechos humanos.

Dado el alto grado de informalidad presente en la Amazonía peruana, esto afectaría directamente a los productores de café, cacao y palma aceitera, que representan una fuente importante de divisas y empleo para el país.

En conjunto, estos factores apuntan a una situación crítica, tanto en el ámbito económico como social, para la agricultura peruana. La disminución de la producción agrícola podría llevar a un deterioro de los ingresos de miles de familias en el sector rural, agravando la pobreza y la desigualdad. Además, la caída de las exportaciones agrícolas de la Amazonía podría tener un impacto negativo en la balanza comercial y el empleo.

Sin embargo, a pesar de la clara identificación de esta difícil situación inminente, no se observa una preocupación concreta, y menos con sentido de urgencia, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Parecería que estuvieran esperando algún hecho que lamentar para recién actuar.

Incluso, cierto sector de la prensa “alternativa”, intenta sembrar dudas sobre los legítimos intereses de los que estamos alertando sobre esta situación, a pesar de que lo hacemos de manera transparente y pública. En lugar de analizar la situación y fomentar debates abiertos sobre la materia, recurre al ataque encubierto, patrocinado por ciertos “grupos de interés”, con información parcial y equivocada. Ni siquiera se toma el tiempo de buscar la versión de los hechos de aquellos a quienes alude, lo que no se ajusta a las buenas prácticas del periodismo responsable.

En una democracia, la verdadera libertad de expresión es aquella que permite a las personas expresar sus opiniones sin temor a represalias o censura. La libertad permite cuestionar el statu quo, proponiendo ideas nuevas y diferentes con sustento técnico, que es lo que venimos y seguiremos haciendo, siempre.

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